El problema del campo, mucho más que los precios

Las masivas movilizaciones han puesto en evidencia el profundo malestar que existe en el campo español, aquejado por numerosos males desde hace ya demasiado tiempo. Uno de los principales es, sin duda, la alarmante degradación de la cadena de valor de los productos agrícolas, que ha estrechado hasta límites insospechados los beneficios de los agricultores y ganaderos, base fundamental de la industria alimentaria. Trabajar el campo es cada vez menos rentable, lo cual sólo puede traer como consecuencia un mayor despoblamiento del ámbito rural y un malestar general que puede ser el abono en un futuro próximo de movimientos populistas, antisistema y euroescépticos.

A nadie se le escapa que el nerviosismo ha empezado a calar en un Ejecutivo que no se esperaba esta rebelión generalizada del campo nada más empezar la legislatura. La imagen de los tractores cortando los principales accesos a las ciudades españolas se ha convertido en el amargo desayuno del Gobierno. Ante esto es lo que ha intentado reaccionar el Consejo de Ministros de ayer con la aprobación de un real decreto que contiene un paquete de medidas para aliviar la crisis del campo. Sobre todo se intenta eliminar "la venta a pérdidas en toda la cadena" y, de esta manera, acabar con los "desequilibrios" entre los agricultores y el resto de los eslabones de la cadena -industria, supermercados y consumidores-. Fundamentalmente, el Gobierno ha modificado la Ley de la Cadena Alimentaria para obligar a incluir en los contratos que firman los agricultores con los fabricantes y supermercados el coste de producción original, de forma que el precio nunca pueda ser inferior a ese importe (con alguna excepción). Además, a partir de ahora se prohíben las "promociones de carácter engañoso" de cara al consumidor y se califica como "falta grave y muy grave" que no haya contratos escritos a la hora de ejecutar una venta entre los eslabones del sector. La venta a pérdidas de un alimento tendrá una sanción máxima de hasta 100.000 euros.

Sin embargo, hay que recordar que, siendo quizás el problema más importante, el de los precios no es el único. Todavía queda uno de los principales escollos, como es la amenaza de unos recortes drásticos en las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). También, el alto coste de las energías o problemas más intangibles como la valoración social de una actividad que no siempre es bien comprendida desde unas urbes con cada vez más peso. El real decreto aprobado por el Gobierno puede ser un primer buen paso, pero aún queda mucho por hacer.

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