Recuperar la presunción de inocencia

La reciente y dramática muerte de Rita Barberá ha vuelto a poner sobre el tapete de la actualidad la absoluta falta de respeto que existe en nuestro país por la presunción de inocencia de las personas implicadas en procesos judiciales, especialmente en los relacionados con delitos vinculados a la corrupción política y económica. La ex alcaldesa de Valencia y senadora murió sola, acosada por algunos medios que la habían condenado antes de ser juzgada, vilipendiada en las redes sociales por centenares de personas anónimas, abandonada por sus ex compañeros de partido y señalada por sus adversarios políticos... Y todo esto sin que existiese una sola sentencia condenatoria hacia su persona. Rita Barberá murió oficialmente inocente, pero condenada desde hacía mucho tiempo no sólo por los partidos y los medios de comunicación, sino por la misma sociedad que después la lloró y culpó a la política y al periodismo para descargar su sentido de culpa.

El de Rita Barberá sólo ha sido un ejemplo más, aunque llamativo y trágico, del alarmante y acelerado proceso de deterioro que ha sufrido en nuestro país un concepto jurídico básico: la presunción de inocencia. Todos -incluidos los políticos- somos inocentes hasta que un tribunal decida lo contrario. En Andalucía, sin ir más lejos, hemos visto cómo se ha condenado a la muerte civil a muchas personas por su mera imputación en el caso de los ERE. De una vez por todas, debemos comprender que cuando un individuo es imputado -o investigado, como se denomina ahora- no significa más que un determinado juez está investigando su posible relación respecto a unos hechos que pueden resultar delictivos, pero que en ningún momento lo está señalando como culpable. De hecho, la gran mayoría de las imputaciones nunca prosperan judicialmente. Solamente cuando una persona ha sido condenada -ni siquiera procesada- por un tribunal se le puede aplicar el reproche social. Lo contrario podríamos calificarlo como un linchamiento moral.

Por lo dicho, y como regla general, estamos en contra de que se obligue a los políticos imputados a dimitir de los cargos que puedan tener en un momento determinado, como se recoge en el pacto PP-Ciudadanos, sobre todo para evitar daños luego irreversibles en el honor y estima social del imputado. Sólo los tribunales legítimos, y no los políticos ni los periodistas ni el común de los ciudadanos, pueden declarar culpable a una persona.

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