La decisión de reconocer el Estado palestino, que el Gobierno hará oficial el próximo martes, es coherente con las líneas de política exterior de Pedro Sánchez, aunque el momento es inoportuno y aleja la posibilidad de mediación europea en un conflicto al que se le ve muy difícil solución inmediata, con consecuencias desastrosas para la población civil de Gaza. Más allá de consideraciones de tipo político o incluso humanitario, el anuncio de Sánchez deja entrever hasta qué punto se han deteriorado aspectos institucionales de la política española en los últimos años. En noviembre de 2014, en un contexto geoestratégico bien diferente, el Congreso instó al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a que hiciera ese reconocimiento diplomático. Lo hizo por práctica unanimidad, con el consenso de todas las fuerzas representadas en la Cámara. Esta resolución nunca se cumplió, pero evidencia que la política exterior era considerada una cuestión de Estado en la que las diferencias políticas quedaban aparcadas. En esta ocasión, Sánchez sólo ha podido presumir de haber consensuado la medida dentro de la propia coalición de gobierno y el PP ha estado ausente de cualquier negociación al respecto. De hecho, el reconocimiento de Palestina ha sido el origen de una nueva bronca entre los dos partidos mayoritarios. Las políticas de Estado, que afectaban también a cuestiones de defensa, grandes líneas de actuación económica y lucha contra el terrorismo, han desaparecido del panorama español. También la decisión adoptada por España en plena guerra de Gaza pone de relieve la incapacidad de la Unión Europea para adoptar una política exterior y de seguridad común. España ha actuado en coordinación con Noruega e Irlanda, a la espera de que otros países, como Malta, Eslovenia y Bélgica secunden la iniciativa, pero ni Alemania ni Francia están dispuestos a ello. Una vez más, Europa carecerá de una voz propia en un conflicto de enorme gravedad y trascendencia para sus propios intereses.