Fisuras en el pacto por el cambio

El pasado domingo apuntábamos en estas páginas el riesgo que existía de que el intenso ciclo electoral que viviremos esta primavera -con elecciones municipales, europeas y generales en el horizonte- pusiese en peligro el pacto de legislatura por el que PP y Ciudadanos gobiernan con el apoyo parlamentario de Vox. Este riesgo, decíamos, no es irreal y el mismo presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, había mostrado su inquietud ante el mismo. De hecho, ya en la misma presentación del nuevo Ejecutivo, Cs hizo esfuerzos por mostrar su autonomía dentro del mismo, montando un pequeño acto por su cuenta presidido por el líder nacional de la formación, Albert Rivera. De esta bicefalia al enfrentamiento en el interior del Gobierno hay sólo un paso. En las últimas horas, cuando apenas los nuevos consejeros están calentando, ya se han producido algunas fricciones entre las formaciones del cambio, algo que, sin ser especialmente grave, sí pone una nota de inquietud en la política andaluza.

El primero de estos roces no se ha producido en el ámbito autonómico, pero sí se debe tener muy en cuenta, porque afecta a la convivencia del PP y Cs en el gobierno municipal de Málaga, una de las ciudades más dinámicas económica y socialmente de Andalucía, y tierra del presidente Moreno y de su segundo de abordo, Elías Bendodo. La formación naranja ha dado por roto el acuerdo de investidura con el PP, ante la "negativa" del alcalde, Francisco de la Torre, de destituir a los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, citados como investigados por injerencias políticas en materias urbanísticas. Evidentemente, no se puede entender esta crisis sin el horizonte electoral y, aunque en principio parece un problema exclusivo de la capital malagueña, es casi inevitable que enrarezca las relaciones de ambas formaciones a nivel andaluz. A riesgo de una crisis más amplia y general, el PP y Cs deberían hacer lo posible por encapsular este problema y dejarlo exclusivamente en el ámbito local.

El segundo roce es el que se ha producido entre Vox y el Gobierno por la amenaza pública del primero de no apoyar los Presupuestos andaluces si no se cumple el compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática, lo que supone una cierta sobreactuación -también con la vista puesta en las elecciones-, pues el PP ya ha anunciado su intención de sustituir dicha ley por otra "de concordia". Vox debería ser consciente de que el Gobierno acaba de arrancar y de que exigir ya el inmediato cumplimiento de sus pactos es poner palos en la rueda del mismo. Aún quedan cuatro años para se materialicen los acuerdos y la impaciencia no es buena consejera en cuestiones políticas.

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