Datos para reflexionar

Apesar de que España se define constitucionalmente como un Estado aconfesional, la presencia de la Iglesia Católica sigue siendo visible en distintos ámbitos de la vida pública: símbolos religiosos en actos institucionales, la presencia de capellanes en el ejército, la opción de marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta o su participación en el sistema educativo y en medios de comunicación públicos. Estos elementos reflejan una realidad compleja que convive con los principios recogidos en la Constitución española.

El artículo 16 establece que: “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Cuando se aprobó este artículo en 1978, aproximadamente el 90 % de la población española se identificaba como católica. Más de cuatro décadas después, los datos reflejan un cambio significativo en el panorama religioso del país. Según la encuesta del CIS sobre religiosidad correspondiente al año 2024, un 58,4 % de las personas encuestadas se declara católica, aunque solo el 19,3 % se considera practicante.

Otro aspecto relevante es el conjunto de privilegios económicos que la Iglesia Católica mantiene en España como consecuencia de los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979. Uno de los más conocidos es el sistema de asignación tributaria a través del IRPF. Según los últimos datos, la Iglesia recibe anualmente en torno a 600 millones de euros mediante la casilla específica en la declaración de la renta. A esto se suma la financiación indirecta que obtiene a través de la casilla de “fines sociales”, ya que muchas de las organizaciones beneficiarias están vinculadas a instituciones religiosas.

Existen también otras vías de financiación pública, como las subvenciones a centros educativos concertados católicos, el pago del profesorado de religión o los sueldos de los capellanes que prestan servicio en hospitales, cárceles y cuarteles. Se estima que el conjunto de estas partidas asciende a unos 12.000 millones de euros anuales.

Si hablamos del régimen fiscal, la iglesia está exenta del pago de varios impuestos, incluido el IBI, no sólo en templos y lugares de culto, sino también en propiedades no religiosas que generan beneficios económicos, como aparcamientos, pisos y hoteles. Esta exención fiscal representa un ahorro de muchos millones, lo que ha suscitado debates sobre la equidad fiscal y la posible competencia desleal respecto a otras entidades o empresas.

Tal vez sea hora de actualizar unas condiciones que han quedado obsoletas, pensando en una sociedad más plural y acorde a los tiempos que vivimos. ¿No crees que necesitamos un cambio? ¡Feliz jueves!