LA posición de Rodríguez Zapatero en la legislatura próxima sugiere una mayor comodidad a tenor de los resultados del 9-M. Sigue sin disponer de mayoría absoluta en el Congreso, pero al faltarle sólo siete escaños para completarla no debe encontrar dificultades para salir airoso, ni en el debate de investidura, ni en la aprobación de los sucesivos presupuestos, ni para sacar adelante los proyectos políticos contenidos en el programa electoral socialista. Cierto es que sus aliados preferentes durante el mandato anterior (Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña) han pasado a disponer de representaciones que no suman los suficientes diputados, ni siquiera juntos, para un pacto que proporcione tranquilidad al Gobierno Zapatero. Las posibilidades de alianzas duraderas se reducen prácticamente a los dos partidos nacionalistas más importantes de las comunidades históricas más desarrolladas: CiU en Cataluña y el PNV en el País Vasco. Ambos grupos estarían predispuestos a colaborar con el PSOE en el Congreso, pero hace falta saber a qué precio, para obrar en consecuencia. Con los nacionalistas vascos sería irrenunciable que Zapatero subordinara la alianza al abandono de sus posiciones soberanistas, concretadas en la convocatoria ilegal de un referéndum de autodeterminación formulada por Ibarretxe para el próximo mes de octubre. Así lo ha expresado ya el líder socialista vasco Patxi López, bien conectado con la Moncloa, en tanto que los dirigentes del PNV se han mostrado partidarios de mantener a toda costa el desafío del lehendakari. Constituiría una prueba de irreflexión que Zapatero llegara a un pacto de legislatura con un partido nacionalista que tira por tierra la Constitución. También habría que medir bien las peticiones de CiU, aunque en este caso las dificultades son de otro orden menos trascendente. Por último, Zapatero debe esforzarse por llegar a consensos de Estado con el principal partido de la oposición.