DESCONOCEMOS qué interés despertó en Pedro Sánchez durante su formación como economista –polémica tesis aparte– las variaciones: cada una de las posibles tuplas –lista ordenada de componentes– que se pueden constituir a partir de un grupo de elementos. El calvario en el que ha tornado para su Gobierno la tramitación de la ley de amnistía apunta a que no fue alto, porque sobre el eje capital de esta XV Legislatura decidió, cual mal jugador de ajedrez, imaginar una sola variación: borrado de los delitos de Carles Puigdemont a cambio de siete votos para la investidura, validación parlamentaria por la nueva mayoría progresista y llevadera gobernanza durante cuatro años. Aún lo proclama: ora en un mitin, ora en una entrevista televisiva de baño y masaje: se autoengaña para engañar a España. Pero renunciar a los principios de su partido y forzar las costuras del sistema y de la Constitución abría un sinfín de variaciones. Y el resultado no sólo no es el imaginado sino que está causando un choque sin precedentes entre los tres poderes del Estado.

En una nueva semana negra, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo se ha rebelado contra las maniobras del Gobierno, vía fiscal general del Estado, para que no se investigue por delito de terrorismo al prófugo Puigdemont y la Eurocámara aprobó ayer por abrumadora mayoría que se investigue al aún eurodiputado por sus vínculos con Rusia durante la ejecución del proceso para subvertir el orden constitucional de España, lo que suponía desestabilizar a la propia UE.

Sánchez, acostumbrado a justificar cualquier medio para lograr el fin, que no es otro que su permanencia en el poder aunque lo disfrace de freno a la ultraderecha, lo que no ha previsto es que para Pugidemont la amnistía no es el fin perseguido, sino un medio – que sí, le libraría de las consecuencias penales que arrastra desde entonces– para su objetivo último: la independencia de Cataluña. Porque la mera tramitación de la ley de amnistía está provocando un choque institucional inédito desde la promulgación de la Constitución y que pone a ésta y a la Nación en riesgo cierto. Un deterioro institucional directamente provocado por la corrupta transacción que permitió su reelección como primer ministro en noviembre. Justo lo que mejor le viene al prófugo. Las múltiples variaciones de esta irresponsabilidad, incluyendo que el propio Puigdemont tumbe la ley si él no resulta inviolable –algo imposible–, impiden saber a qué futuro nos conduce Sánchez, del que, a estas alturas, no podemos esperar que rectifique.