Huelva no es Teruel, pero se le parece

C UANDO un colectivo se encuentra en una posición de debilidad respecto a su entorno y esta situación le impide por sí mismo reducir esa brecha se promueven medidas para protegerlo, mediante la denominada discriminación positiva, con medios y tratos diferenciales hasta conseguir la equiparación. Esto es fácil de ver cuando hablamos de discapacitados, de menores en riesgo de exclusión o en la lucha contra las desigualdades de la mujer en el ámbito laboral y en la ley de violencia de género, pero no se entiende de igual cuando hablamos de territorios o provincias.

Este agravio ya se ha empezado a visualizar en provincias como Teruel, al reclamar que sin ayuda adicional nunca saldrán del letargo económico que poco a poco va despoblando su territorio y genera un empobrecimiento.

En el caso de Huelva, la situación no es muy distinta y objetivamente hay datos que confirman esta posición de cierto desamparo respecto al resto de España que requiere una actuación especial, diferente y de discriminación positiva en materia de inversión pública.

La realidad sitúa a Huelva como la provincia con mayor territorio protegido de España, con un 33 % de su espacio con alguna restricción medioambiental, lo que impide el desarrollo de actividad económica alguna en esos terrenos. Esto que está muy bien para el equilibrio medioambiental y la preservación de especies y espacios, genera un lucro cesante en la provincia al impedirle su desarrollo en igualdad de condiciones respecto a sus territorios limítrofes que no cuentan con estas restricciones. La cuestión, por supuesto, no es que se levanten estas protecciones, sino que se reparta, se indemnice o se compense esta falta de generación de ingresos con aportaciones adicionales del presupuesto común del resto de beneficiados por estas protecciones, que no son solo los andaluces y españoles sino el resto de europeos.

Estas restricciones nos hacen ser la provincia Andaluza con menor densidad de población pero también de empresas y por tanto de actividad económica y es precisamente esta falta de población la excusa que se ha utilizado para justificar que el AVE no llegue a Huelva, que no se desdoble la N-435 y que no se promuevan costosos proyectos de puentes que vertebren nuestra provincia. No puede ser que se utilice el argumento del menor impacto por habitante para denegar una inversión en infraestructuras y se limite por otro lado la utilización de nuestro territorio sin compensación alguna. Por tanto, de acuerdo, Huelva es una tierra maravillosa, reserva de la biosfera y por tanto hay que protegerla, pero protejan también a los que vivimos en ella, dotándonos de las infraestructuras que necesitamos, garantizando el desarrollo del resto de territorio no protegido y que necesita de la economía para seguir viviendo, no condicionen estas infraestructuras al bajo uso inicial de las mismas ya que así nos condenan al estancamiento y a la destrucción de las pocas alternativas económicas que nos permiten las restricciones medioambientales que se nos imponen en beneficio de la humanidad. No se trata de transformar el paraíso en infierno sino de evitar que se quede vacío.

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