Escribía la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña en uno de sus inteligentes artículos que publica en este periódico hace unos días sobre la caída del presidente Donald Trump - ¡al fin! - y su dura y obcecada actitud: "Coincidirán conmigo en que no hay ataque más duro a un sistema que cuestionar la limpieza del proceso electoral que articula la representación política. Este es, sin duda, el flanco más débil de la democracia, que, a fuer de pluralista y tolerante, eleva incluso al poder a quienes no creen realmente en ella". Añadiría por mi parte que de igual modo a los que gobernando en coalición afrentan directamente a las instituciones y leyes que sustentan la estructura jurídica del Estado incumpliendo, clara y rotundamente, la Constitución.

Día a día comprobamos como el ejecutivo que rige nuestro país infringe principios básicos y fundamentales de nuestro régimen constitucional. Uno de los más recientes hechos que indigna a cualquier noble ciudadano, es el pacto con Bildu, legatario legítimo de los etarras que cometieron horribles asesinatos, que nunca se han arrepentido de ellos y que se muestra habitualmente contrario a sus instituciones y a su máxima jerarquía. Si la inquietante afirmación de su portavoz en el Congreso, Arkaitz Rodríguez, "Esto es solo el principio" -¿el principio de qué?-, suscitaba la zozobra, nos estremecía después con su desabrida y amenazadora proclama en el propio estrado de la Cámara: "Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen". Con estas maniobras en la gestión de los Presupuestos Generales, se cumple el empeño de Pablo Iglesias: situar a Bildu en la "dirección del Estado". En suma con la inane presidencia de Pedro Sánchez, que gobierna al dictado, Iglesias impone sus pretensiones políticas de absoluto dominio totalitario.

Pero las desgracias nunca vienen solas porque los españoles, que se confiesan "preocupados, ansiosos, tristes" y suspenden indignados a todas las administraciones, tienen que soportar el excesivo intervencionismo del gobierno que pretende imponer nuevas fórmulas en la designación de los miembros de los tribunales, anulando la separación de poderes, la independencia judicial, el Estado de Derecho; crear un Ministerio de la Verdad, para decidir lo que se puede o no se puede informar en los medios de comunicación y redes sociales, pura y dura censura para la libertad de expresión; permitir que Hacienda allane tu casa sin aviso y sin trámites; imponer trabas legales a la enseñanza concertada y el derecho a los padres a elegir el colegio de sus hijos; eliminar los Centros de Educación Especial y lo que es intolerable, vergonzoso e inconstitucional, suprimir la cooficialidad del castellano en los planes escolares, coartar el uso de uno de los idiomas que más se hablan en el mundo en el propio territorio español. Con seis meses por delante en estado de alarma, cuanto se limitan nuestras libertades democráticas.