AGallardón le interpelaban en el Congreso sobre su propósito de reformar la ley del aborto de la etapa Zapatero y contestó que hay que proteger y ayudar a las mujeres que no quieren abortar. Como diciendo: el problema grave no lo tienen las mujeres que deciden abortar, sino las que se ven obligadas a hacerlo en contra de su voluntad.

El ministro de Justicia está en contra de la vigente ley de plazos, que consagra el aborto como un derecho de la mujer que ésta puede ejercer sin más explicaciones que su voluntad y siempre que lo haga dentro de las catorce primeras semanas de embarazo. Es el sistema más frecuente en Europa. Su idea es volver al modelo de los años ochenta, que considera al aborto un delito que sólo queda despenalizado en tres supuestos (violación, malformación del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la madre).

Hasta aquí, normal. El PP recurrió contra la ley de plazos y su programa electoral, con el que ganó ampliamente el 20-N, contempla la vuelta a los supuestos. Lo anormal ha sido que para sostener su postura Gallardón ya no se centre en la defensa de la nueva vida que, según sus convicciones, palpita en el feto, sino en la defensa del derecho de las mujeres a la maternidad, "uno de sus valores fundamentales". Una violencia estructural contra la mujer estaría torpedeando este derecho. Se ejerce esta violencia cuando una empresa no contrata a una embarazada o cuando la despide por estarlo y, más sutilmente, cuando la embarazada se siente forzada a abortar por miedo a estas consecuencias y por la falta de apoyo de los poderes públicos a su situación de madre. No decide, pues, con entera libertad si da a luz o aborta. Tampoco las subvenciones a la familia contribuyen a fomentar la natalidad.

Este razonamiento tiene una apariencia lógica aplastante, pero es torticero. Como otras violencias estructurales, ésta no se resuelve mediante un simple cambio legal, sino tomando medidas de gobierno que faciliten la vida de la mujer que quiera ser madre (en atención sanitaria, empleo, guarderías, no discriminación laboral), de modo que su maternidad voluntaria no suponga un sacrificio desmesurado ni un obstáculo para su desarrollo personal y profesional. Pero una cosa está clara: para proteger a las mujeres que quieran dar a luz al hijo concebido lo último que debe hacerse es obligar a dar a luz a las mujeres que no quieran. Derecho por derecho, tan legítimo es uno como el otro.

A Gallardón le preguntaron por los derechos de un sector de mujeres y él replicó con los derechos de otro sector de mujeres. El tocino y la velocidad. ¿Qué tal si eliminamos la violencia estructural que pesa sobre los dos sectores? Parece más justo, señor ministro de Justicia.