Cada día, unas 20.000 familias onubenses con todos sus miembros en paro libran su particular batalla contra la realidad: lo que antes era sólo rutina cotidiano -comida, transporte, limpieza, colegios- se convierte en toda una estrategia que gasta y desgasta más allá de lo esperable y hasta de lo posible. Algunas de estas familias tenían ahorros, pero después de unos meses se los han comido; otras aún reciben ingresos del subsidio por desempleo o puedan optar a ayudas sociales. Les queda también el recurso de vender el coche o, si es el caso, alguna otra propiedad. Les queda, por fortuna, el sostén familiar: gracias a estas redes de apoyo y subsistencia, que han recuperado los pucheros comunales y prestan dinero con interés cero y multiplicada solidaridad, todavía no ha estallado ninguna revuelta grave en este país parado con más de cinco millones de personas en paro.

Sólo cuando hayan agotado todas las posibilidades de ingresos económicos, cuando su situación sea documentalmente desesperada, podrían estas familias solicitar del banco un gesto "de buena voluntad", el aplazamiento del desahucio o la dación en pago. Esto es lo que propone el gobierno para descargar parte de la amenaza que significan casi 400.000 procedimientos de desahucio en marcha, con sus correspondientes protestas asociadas. Sin embargo, no debe estar muy clara esa proclamada buena voluntad de las entidades financieras, cuando el ministro De Guindos ha planteado también la posibilidad de incentivarlas fiscalmente para que saquen a la luz sus bondadosas prácticas. Si tenemos en cuenta, además, el nulo interés de los bancos en acumular inmuebles vacíos, e incluso la incipiente jurisprudencia que está disminuyendo ya el número de expulsiones de los inquilinos cuando hay alternativas, resulta que la pretendida ética bancaria no es más que un canje harto beneficioso.

En otro inmenso gesto de bondad, el BCE acaba de prestar medio billón de euros a bancos europeos para que empiecen a dar créditos. Parte de esa millonada, un 20%, irá a parar a entidades españolas, que tendrán que devolverla dentro de tres años a un interés… del 1%. O sea, que se puede. Algunas de estas prácticas comprensivas con los clientes "en apuros" -en este caso los propios bancos, que, no se olvide, han recibido voluminosas inyecciones de dinero público- podrían tal vez copiarse cuando, por ejemplo, se solicita una moratoria en el pago de una hipoteca. Sucede entonces que el interés inicial, pactado en torno al 3%, sube hasta el 7 u 8 %. Se comprende que este recargo usurero entra dentro del código no ético, sino genético, de los bancos. Pero entonces, ¿por qué en lugar de apelar a la buena voluntad, no se evitan estos escándalos inmorales con una Ley con todas las de la ley?