Hemos “celebrado” un gris y como apesadumbrado día de la Constitución, más propio de un noviembre fúnebre que de estos días de diciembre iluminados por la cercanía de la Inmaculada. La izquierda exultante comprueba que, efectivamente, todo le es perdonado y, en consecuencia, todo le está permitido, y por ello habla ya sin rebozo de reforma constitucional, incluso sin necesidad de consenso, a su medida. El consenso no es previo, afirmaba hace unos días en la SER una tertuliana habitual, se construye durante el proceso y se establece tras la reforma. Con dos narices. ¿Por qué no? Es lo que se lleva haciendo desde hace cuarenta años para abonar la enorme operación de ingeniería social que ha puesto patas arriba a la sociedad española, y ha funcionado. En ese proceso lo esencial es la posesión del BOE, y a ello somete la izquierda todo principio. La revolución, lo sabemos todos, exige enormes sacrificios y ésta no es diferente: la ley de amnistía o las infames reuniones en Ginebra merecen la pena porque hay un bien superior al que se aspira y para ello, frente a una ciudadanía renuente o al menos imprevisible, es esencial de todo punto mantener ocupado como sea el poder.

No importa cuál pueda ser el pretexto para abrir el melón. Pedro Sánchez ya se ha lanzado a por el artículo 49, que asegura la ayuda del estado a los “disminuidos” físicos, sensoriales y psíquicos y les ampara en sus derechos. En un artículo que por sí dignifica a toda la Constitución, parece intolerable la presencia de esa palabra en la que nadie repararía si no fuera previamente señalada. Pero evidentemente, el objetivo es muy otro. Más allá de la fobia a la monarquía, cuyas últimas consecuencias aún pueden esperar, lo esencial para todo el arco progre y secesionista es la eliminación de la consideración de España como un estado unitario, aunque autonómico, “patria común e indivisible de todos los españoles”, basado en la “indisoluble unidad de la Nación”, en la que reside la soberanía, por cualquier otra fórmula federal o confederal que anule de hecho esas afirmaciones. El golpe en marcha no parará hasta esa meta, y lo cierto es que la realidad política cotidiana ya está instalada en ella. La única duda que se plantea es qué resistencia popular encontrará la operación y cómo eliminarla. Los excesos policiales de estas semanas anuncian que, llegado el momento, no habrá cuartel.