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Análisis

J. Antonio Mancheño Jiménez

Exdelegado provincial de Cultura

El relator

Ha tenido que venir una especie de visitador de la ONU para darnos a conocer lo que es conocido, o sea que, las condiciones de vida de quienes habitan los asentamiento en nuestros municipios son infrahumanas, deleznables, caóticas... y digámoslo, alto y claro, “permisivas”.

Y aquí se plantean varias interrogantes que desde luego no se resuelven con epítetos burdos aunque incidan sobre una situación degradante y afronten el muro de la indignidad humana, por lo que yendo al cajón del pan, se trata de abordar la cuestión desde un punto donde coinciden la responsabilidad social, pero aún más, la responsabilidad de todas las administraciones que, conocedoras de su marginación y exclusión, tienden a lavarse las manos, modelo Pilatos.

La cuestión no es baladí e impone resolver, primero, la situación “legal” de esas personas a los que suelen conocerse como los “sin papeles” lo que supone un auténtico problema ya que la ausencia de documentación que acredite su estancia en territorio español contraviene las normas que rigen el sistema legal y segundo, exigir a quién proceda, supuesto que parte de ellos poseen papeles, las medidas precisas para humanizar ese limbo ignorado donde transitan familias enteras en casamatas de lata y cartón, carentes de agua, mantas, comida... y cuantos elementales medios materiales sean pertinentes para poder mirarlos a la cara y llamarnos hermanos.

¿Cómo es posible que Sanidad desconozca las condiciones insalubres que padecen? ¿Cómo es posible ignorar la situación laboral de los migrantes? ¿Cómo es posible desconocer la existencia de chozas miserables? ¿Cómo es posible que sea un enviado extranjero quién nos ponga a parir?

¿Por qué callan la instituciones? ¿Por qué ignoran los consabidos “asentamientos”? ¿Por qué no se plantean levantarlos o dotarlos de medios precisos? ¿Quién inspecciona? ¿De quién dependen?

El esfuerzo de entidades y asociaciones benéficos-asistenciales no pueden resolver por sí mismas tan humillante escenario. Hace falta que los recursos públicos destinados a paliar tal problemática emerjan de sus departamentos, de esa indisimulada ignorancia y no dejar en situación de insolvencia e inanidad a los damnificados.

El Sr. Philip Alston se ha quedado, son sus palabras, “pasmado” ante la situación de los recolectores de fresas en Huelva (pobre Fitur) al visitar los chamizos leperos, donde vino a observar que “viven como animales”. Para tal enviado, a pesar de transmitir su visión a los representantes de Naciones Unidas, su informe, según indica, quedará sepultado entre cientos de papeles sin que a nadie interese resolverlo.

No parece apropiado culpar a las empresas freseras que crean riqueza, abren mercados y recaban mano de obra durante gran parte del año en condiciones legales. Si por ahí se halla el trauma de la “explotación”, lo urgente sería que las asociaciones agrarias, “empresariales y sindicales” junto a las administraciones, tomaran cartas en el asunto y solucionaran el drama. Se trata de una cuestión simplista en la que el emprendedor pueda beneficiarse de su inversión y el trabajador, ganar un salario justo para vivir en condiciones dignas.

Es el propio “sistema” anquilosado, la ausencia de intermediación entre entidades, la incapacidad de afrontar el reto de la discriminación, son fenómenos que, según Alston “rivalizan con los peores que ha visto en el mundo”.

La firmeza del veedor parece afirmarse en su personal criterio. Quizá desconozca que 11.500 marroquíes trabajan nuestros campos con “contratos de origen”. Regularizados. Al igual que una masa importante de peones a lo largo de cada campaña. Si alguien incumple, sanciónese.

Y ahora pregunto, ¿cómo solucionar tal conflicto? ¿Quién ha de protegerlos? ¿Dónde se hallan quienes han de velar por prevenir y revertir tanta pobreza?

¿Será la ONU? Con respeto, no lo creo.

Han de ser, supongo, el Gobierno, las autonomías, los municipios y sus comunidades junto a las asociaciones agrarias, sindicatos del campo, y no se olvide, las normas sobre inmigración-extranjería, quienes han de solventar, conjuntamente, tal conflicto. Si no es así, solo queda la solidaridad de la organizaciones humanitarias y el “relato” se esfuma, como el humo.

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