El mecanismo de ajuste fronterizo de carbono, CBAM, es el procedimiento que la Unión Europea estableció a finales de 2022 para equiparar las condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países en cuanto a exigencias contra la contaminación ambiental. El objetivo es que este instrumento presione a otros países a cumplir con el Acuerdo de París, incentivando que se produzca una convergencia gradual respecto a la normativa climática. Como ya anunciamos aquí el pasado octubre, los importadores de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno tenían que presentar antes del 31 de enero el primer informe trimestral con los datos de las importaciones realizadas en el último trimestre de 2023.

Al sistema le está costando arrancar. La Comisión Europea tuvo que prorrogar por problemas técnicos durante 30 días el primer tramo de esta fase piloto. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico así lo recogió en su web, habilitando “una nueva funcionalidad que permite presentar el informe trimestral a partir del 1 de febrero”. Además de este retraso, los importadores, aun exponiéndose a una sanción, están remoloneando. Hace unos días, la Comisión Europea afirmó que hasta finales de febrero se habían presentado unos 13.000 informes, menos de un 20% de los que tendrían que haber recogido.

Nada inesperado, dado que el proceso se encuentra en sus inicios, pero poco a poco se irán añadiendo. Estas notificaciones trimestrales tendrán que seguir haciéndolas durante todo el periodo transitorio de la implementación, fijado entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025. De momento, sólo están obligados a facilitar la información, no les supondrá ningún coste.

Pero, cuando acabe este periodo, los importadores tendrán que empezar a pagar un impuesto equivalente a la diferencia entre el coste del carbono según el esquema de la UE y cualquier precio del carbono pagado por el exportador en su mercado interno. Esto les supondrá tener que entregar el número de certificados CBAM que corresponda según sus declaraciones anuales. El precio de los certificados se calculará en función del precio medio semanal de subasta de los derechos de emisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, expresado en euros/tonelada de CO2 emitida.

Es una medida proteccionista inteligente. La Unión Europea siempre ha sido la líder luchando contra la contaminación. Ahora quiere seguir siéndolo, pero sin perjudicar a su industria. Los países exportadores con normas medioambientales más laxas están manifestando su rechazo. No les quedará otra que equiparar sus estándares si no quieren que ese impuesto lo ingrese la Unión Europea en vez de ellos.

Resulta fundamental allanar las normas de juego en el tablero mundial para que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Y lo que no puede entenderse es que no se extienda a otros ámbitos. Es maravillosa la seguridad alimentaria que tenemos en Europa, pero los agricultores, con todita la razón, claman: que la estricta normativa europea a la que están ellos sometidos se les exija al mismo nivel a cualquier producto que entre en nuestro territorio.