El recreativismo está pendiente de dos desenlaces que clarifiquen su futuro a corto plazo: uno cercano, el ¿nuevo? dueño del Decano, y el veredicto de la sentencia contra Pablo Comas, imputado e investigado durante su gestión atípica como presunto autor de delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas sociales y administración desleal. Un presente de infinito valor, que satisfaga las condiciones con argumentos elevando el estado de ánimo de una situación financiera insostenible, que le urge inversión externa de muchos millones para levantar una estructura ruinosa, dotar de una organización regulada por normas de conductas y asentar un proyecto socio-económico-deportivo digno.

Las previsiones que marcan el pliego de condiciones para captar la mejor y más fiable oferta de adquisición del Recreativo activan en teoría una dosis de optimismo entre muchas interrogantes desde la perspectiva del actual patrón para que a mitad de la semana entrante haya varias opciones en el examen de los dos sobres (documentación administrativa y propuesta económica) que cause sin traumas el cambio de poder.

Ahora, el legado histórico del Decano ofrece una mezcla política-sentimental con gestión consensuada de interés foráneo: el Ayuntamiento como accionista mayoritario, un consejo adherido sin facultades resolutivas y un inquilino Eurosamop de contrato mercantil económico-deportivo con lucro en su balanza de pagos y contraprestaciones, una alternativa acelerada que salvó de la debacle a la entidad hace un año al no concretarse su venta. El Decano está atrapado con deudas millonarias y la mayor parte de sus ingresos (al menos 75%) se destinará a las obligaciones tributarias (AEAT, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social) y acreedores. Si como se espera cambia la propiedad, el arriesgado inversor tiene que demostrar determinación y firme convicción de sensatez en defensa del único título que no pueden alcanzar el resto del clubes: el decanato del fútbol español.