Dos proposiciones para demostrar una determinada conclusión. El método de control económico en Segunda B debería ser exigente para la igualdad de la competición. "Hola, Federación, estamos espiando", la opción de los 11 clubes que denuncian algunos comportamientos económicos en la categoría que merma de competencia deportiva. La RFEF a la escucha: "Presenten toda la documentación en su poder que prueba lo que afirman". Además, matiza que desde hace un año aplica sus métodos en tal sentido. La iniciativa de grupo de firmantes de denunciar esta situación sólo encuentra la respuesta federativa de que admiten las imputaciones con los nombres y se actuará de manera rápida.

Y es que si en categorías profesionales existe un código establecido de un tope salarial, la RFEF tiene la obligación, como responsable, de ejecutar y vigilar sus competiciones, de activar una investigación para esclarecer el tema, al margen de los rumores infundados o menos confirmados de las quejas, además de indagar estas presuntas partidas en beneficio de la equiparidad de los 102 clubes. Medidas ejemplares como advertencias, multas, sanciones con pérdidas de puntos tras imponer un control de los gastos de los proyectos respectivos.

Y es que desde hace tiempo las gestiones de muchos clubes se hallan en el punto de mira con otras operaciones encubiertas para potenciar sus equipos. Y es que disponer de la garantía de mayor disponibilidad en "caja B" igual en la práctica no es equiparable a un éxito, pero es indudable que de salida le aporta un nivel de calidad en el remate de las plantillas en detrimento de aquellas que se ajustan al equilibrio ingresos-gastos-deudas controladas en el examen de sus presupuestos. Hay que evitar la selectividad, dado que el nuevo formato arrastra a los clubes a un gran esfuerzo económico y es necesario evaluar las debilidades del control económico para evitar males mayores.