La semana pasada Jens Weidmann, el presidente del Bundesbank, concedió una entrevista al diario alemán Augsburger Allgemeine. Pocos días antes, alrededor de un centenar de economistas publicaron un manifiesto encabezado por el francés Thomas Piketty y al que se adhirieron la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez. Constituyen dos posturas tan dispares como la noche y el día. Saltan chispas al ponerlas una junto a la otra. Y para los españoles más, si, completando este collage explosivo, colocamos en medio la voluminosa cifra de nuestra deuda pública, publicada esta semana por el Banco de España.

Weidman deja en la entrevista sus dogmas bien claros: el respeto absoluto por la ortodoxia fiscal, por la estabilidad de los precios y por la iniciativa privada. Así, advierte de que las finanzas públicas de la zona del euro deben ponerse en orden después de la crisis del coronavirus. Además, exige que el BCE retire esta política monetaria tan expansiva en cuanto se prevea que se va alcanzar la tasa de inflación objetivo. Tajante, espera que llegado ese momento no le falte determinación al BCE, aun cuando aumenten los costes de financiación para los países altamente endeudados. Por último, afirma que, aunque por la crisis han intervenido masivamente, los estados deben retroceder: lo hacen mejor los empresarios.

La tensión para los próximos años está asegurada. Y España está en el centro de la diana. La deuda pública española ha cerrado 2020 en 1,31 billones de euros, lo que supone un incremento de 122.439 millones de euros, la cantidad que prácticamente el BCE ha comprado. Y si se suman las compras en todos estos últimos años, resulta que el BCE es el dueño de más de 300.000 millones de euros de deuda española. Por otra parte, el déficit público de 2020 supera el 11% del PIB y se espera que continúen muy altos también los próximos años.

Con estas circunstancias, se hace difícil aceptar la rígida postura del alemán: a España le va a resultar imposible sostener su prima de riesgo sólo con sus fuerzas propias. Pero de la solución de Piketty hay que desconfiar, aunque en principio parezca tan ventajosa. No abre el debate sobre la conveniencia de una mayor flexibilidad fiscal y de que la ayuda monetaria se extienda en cantidad y tiempo suficientes para procurar la sostenibilidad de la deuda, sino que propone directamente que el BCE condone las deudas (o transformarlas en deudas perpetuas sin intereses). Supondría el perdón de casi 2.500.000 millones de euros para toda Europa.

El manifiesto no considera las posibles repercusiones que tendría en la inflación y desprecia completamente la disciplina fiscal y el control de la deuda. Con todo, lo peor es la segunda parte de la propuesta: ¡que volvieran a gastarlo! El "perdón del BCE" sería a cambio de que los estados se comprometan a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social. Ellos dicen que ese sería un primer signo fuerte de que Europa está recuperando su destino, pero más bien esconde el deseo de aprovechar la oportunidad para incrementar el poder y el control del Estado.