Sancionado como "muy grave" la falta de seguridad en la agresión que sufrió una educadora en Huelva por tres menores con un 'mataleón'

La Inspección de Trabajo ha calificado como "muy grave" el accidente laboral sufrido por una educadora social el pasado septiembre en un centro de menores de Huelva durante el turno de noche, donde fue estrangulada por los menores a los que atendía hasta quedar inconsciente, y ha impuesto una sanción a la empresa gestora del centro.

En la resolución de la Inspección de Trabajo, que llega tras la denuncia interpuesta por el sindicato CCOO-Huelva, que ha asumido la defensa penal y civil de la trabajadora agredida, a raíz de este incidente, el organismo no solo ha sancionado a la entidad responsable, sino que le exige la implantación inmediata de medidas preventivas que, hasta ahora, eran inexistentes o insuficientes, ha informado el sindicato en un comunicado.

La autoridad laboral ha dictaminado que la empresa debe cumplir con una serie de requisitos legales para garantizar la integridad de su plantilla.

Entre ellos, la creación de planes específicos de actuación frente a agresiones de menores o progenitores; la realización de análisis psicosociales y de riesgos específicos por cada centro de trabajo; y formación en seguridad y salud antes de que el personal inicie sus servicios, cumpliendo el artículo 19.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

A pesar de la sanción, que CCOO celebra, el sindicato ha denunciado que la Administración autonómica, responsable última del servicio, "continúa publicando pliegos de contratación que no incrementan las ratios de personal.Esta política de contratación permite que, en muchos turnos, una sola persona deba hacerse cargo de todo el equipo educativo", una situación que el sector considera "insostenible y peligrosa".

El sindicato ha recordado que estas agresiones son frecuentes y se producen en un contexto de movilizaciones crecientes desde el asesinato de la educadora Belén Cortés en Badajoz.

"La Junta sigue sin contemplar protocolos eficaces para prevenir agresiones y pone en riesgo numerosos puestos de trabajo", han denunciado desde CCOO, desde donde, además, han anunciado que estudiarán nuevas acciones legales para dignificar el sector y proteger a los profesionales de la intervención social en Andalucía.

Los hechos se sucedieron la madrugada del 12 al 13 de septiembre. Tres menores de edad, de nacionalidad española, planearon la sustracción de sus móviles que estaban bajo llave en el despacho, uno de ellos realizó a la educadora un “mata león”, técnica de asfixia por estrangulamiento, dejándola inconsciente, la amenazaron y arrastraron por diferentes puntos de la casa, le sustrajeron las llaves para poder coger sus móviles, que estaban custodiados en el despacho, y poder marcharse del centro la noche del viernes. La trabajadora pudo recobrar la consciencia y empezó a pedir auxilio, pero el joven volvió a dejarla inconsciente mientras los otros dos eran observadores y cómplices de lo que estaba ocurriendo.

Los tres menores se marcharon de la casa y la educadora pudo ponerse en contacto con el director del centro cuando recobró la consciencia, aunque pasó la noche hospitalizada. Tanto en este caso como en el de Belén Cortes, compañera de la agredida que fue asesinada en su puesto de trabajo en Badajoz, aseguran desde CCOO que "ambas trabajadoras se encontraban solas en sus turnos de trabajo y tenían unas condiciones de trabajo precarias debido a la privatización de un servicio público y la falta de medios recogidos en los pliegos de estos servicios públicos que están gestionados por empresas privadas".