La jueza confirma el procesamiento del exdirector de Trabajo, Juan Márquez

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha desestimado el recurso del director general de Trabajo y exdelegado de Empleo de Huelva, Juan Márquez, y confirma el autor de procesamiento por los pagos realizados por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría (vinculada a Ulpiano Cuadrado) por la contratación de 44 trabajadores, la mayoría del entorno del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

La instructora entiende que los hechos que se investigan a Márquez pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documentación oficial.

Márquez sustituyó a Guerrero al frente de la dirección en 2008 y continuó en ella hasta abril de 2010. Según la jueza, "continuó ordenando pagos de facturas por servicios inexistentes, consintiendo de forma voluntaria y con conocimiento de su ilegalidad la situación previamente creada por su antecesor en el cargo", lo que puede ser constitutivo de la delito de prevaricación.

La titular del juzgado considera que Juan Márquez "omite toda obligación que tenía atribuida; es decir, omite la función de garante, facilitando y favoreciendo la continuidad de la situación, actuando con un claro ejercicio arbitrario del poder omitiendo las exigencias procedimentales que su antecesor omitió, con el fin de suprimir el control formal de su actuación administrativa, eliminando los mecanismos de control que establece la ley para la actuación administrativa concreta" y actuando "de forma arbitraria y en claro perjudico del interés público".

La instructora alega que "esa omisión del procedimiento adquiere relevancia penal cuando el incumplimiento lo que pretende es eliminar los mecanismos de control que permiten asegurar el sometimiento de la actuación administrativa a los fines legalmente establecidos" y añade que, además, "se ordenaron pagos por servicios no prestados", ya que "no se correspondían realmente esas cantidades con los servicios prestados por el personal de Umax, incrementando el importe para dar cobertura al contrato simulado, a una situación irregular en la que se había prescindido del procedimiento establecido". Eso conlleva, según la juez, que los hechos sean también constitutivos de un delito de malversación.

Así, entiende que "en el presente caso no se han respetado las normas esenciales del procedimiento, siendo injusta la contratación y la ilegalidad es evidente y patente".

La jueza ha desestimado también el recurso presentado por Ulpiano Cuadrado, al que se le imputan también tres delitos con la Hacienda Pública.