Un año de prisión para el empresario que edificó en suelo no urbanizable

El empresario moguereño propietario de la empresa Recuperaciones de Metales y Chatarras Pipón, acusado de un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable, admitió ayer los hechos que se le imputaban y llegó a un acuerdo de conformidad por el que se le ha acabado condenando a un año de prisión (el fiscal pedía dos) y a multa de 6.480 euros (antes 7.300) por el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva.

Los hechos que ahora asume G.S.O. tienen que ver con la construcción entre 2005 y 2013 de naves, oficinas y plataformas de hormigón en el término municipal de Moguer, concretamente a la altura del kilómetro 8,8 de la A-494. Estas instalaciones, que forman parte de la chatarrería, se levantaron sobre "suelo no urbanizable (rústico) y además de especial protección", según había establecido el propio Ayuntamiento de Moguer para evitar la formación de un núcleo poblacional en la zona y el impacto paisajístico.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Alfredo Flores, detallaba en su escrito de acusación que el empresario, a sabiendas de estos pormenores, no llegó a solicitar ni licencia municipal para la construcción del complejo ni licencia de apertura o de actividad. Tanto es así que las obras fueron denunciadas por el Consistorio en 2015 -llegando a paralizarlas y abriéndole expediente de restauración de la legalidad urbanística- y por la Guardia Civil en 2016.

Como G.S.O. incumplió la paralización y el precinto, fue condenado por el Juzgado de lo Penal 2 el pasado año por un delito de desobediencia grave. Esta paralización ha sido recurrida ante un juzgado de lo Contencioso y está pendiente de resolución.

El empresario tendrá que asumir ahora, además de la condena privativa de libertad y la multa, otros dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años y abonar las costas del juicio.

En concepto de responsabilidad civil, se ha acordado la demolición de las instalaciones de la chatarrería edificadas en suelo protegido, algo que se ejecutará en el plazo de tres años, salvo que en dicho periodo se produzca la legalización total de las construcciones ilegales. En caso de que el Ayuntamiento de Moguer conceda a la chatarrería el traslado de la actividad a otra parcela, debe ejecutarse igualmente la demolición y se restaurará el terreno ocupado por las instalaciones.

En todo caso, el condenado tendrá que indemnizar al Consistorio con 21.612 euros, montante que se destinará al derribo de las instalaciones y a la restauración del suelo. Se ha acordado, además, el comiso de la ganancia obtenida con la construcción.