"El número de abogados está bajando, hay que hacer más atractiva la profesión", asegura el decano de Huelva
Entrevista
"Hay juzgados que pueden fijar un juicio para el mes de junio y otros para 2027"
"Hay juzgados que van estupendamente y otros te dan fecha para 2027", asegura Antonio Bernal, decano del Colegio de Abogados de Huelva
"La Ciudad de la Justicia beneficiará sobre todo a los ciudadanos de Huelva", asegura el decano de los abogados onubenses

Huelva/Antonio Bernal es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICAH) desde marzo de 2024. Cuenta con casi 40 años de experiencia en la profesión y una visión de futuro en la que hacen falta pequeños cambios para mejorar el funcionamiento y la visión por parte de la sociedad de la Adminsitración de Justicia en la provincia onubense.
Pregunta.Fuiste nombrado decano del ICAH en marzo de 2024, ¿cómo has vivido este primer año?
Respuesta.Ha sido un año muy ilusionante porque hemos tenido una Junta de Gobierno nueva en su mayor parte, de compañeros que no tenían experiencia. Nosotros cuando nos presentamos a las elecciones, que fue en diciembre de 2023 no quisimos hacer un programa electoral al modo de los partidos políticos, ni promesas electorales. Simplemente, mandamos un correo electrónico a todos los compañeros donde les prometíamos que íbamos a trabajar duro por el colegio, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos aprobado unos presupuestos, hemos aprobado las cuentas... Todo va saliendo como esperábamos.
Diría que la justicia en Huelva está al mismo nivel que en el resto de España, es decir, mal, pero dentro de lo malo no es lo peor.
P.Durante el nombramiento señalaste unos objetivos en los que poner la atención, uno de ellos fue la regularización del turno de oficio.
R.El turno de oficio es una de las grandes reivindicaciones de la profesión desde hace muchos años. Lo que pretendemos es algo tan simple como que se dignifique la función del abogado, que nació hace 150 años como una obra de caridad y voluntariamente los abogados hacían en favor de aquellas personas que no tenían para pleitear y más de un siglo después no tiene sentido que sea una obra de caridad.
R.La ley exige que los Colegios de Abogado presten el turno de oficio, de manera que generalmente lo que hacen es garantizar la prestación del servicio. Se calcula el número de abogados que es necesario que estén apuntados, en una provincia como Huelva, con los diferentes partidos judiciales, el servicio se podría prestar por unas 20 o 30 personas. Si tenemos en cuenta que hay apuntados más de 600, el servicio está garantizado. Esto hace que si hay alguien que no quiere prestarlo, no va a pasar nada porque el servicio está perfectamente atendido.
R.Lo lógico es que sea un acto de solidaridad, que el abogado preste sus servicios y los cobre como corresponde, pero en vez de pagarlo el cliente, pues lo pague la administración. En definitiva dar dignidad al trabajo, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos que se merece quien está prestando un servicio para otra persona.

P.También señalaste a las pensiones de los mutualistas, ¿estás satisfecho con los avances que se han hecho?
R.En el tema de las pensiones, la abogacía lo que está pretendiendo y exigiendo es que aquellos compañeros, entre los cuales me encuentro, que coticen entre comillas en alguna mutualidad privada, pues puedan de entrada pasarse al Régimen General de la Seguridad Social, el RETA. Y si no se quieren pasar que en cualquier caso puedan tener y disfrutar de los mismos derechos que tendría cualquier otro pensionista. No estamos pidiendo nada del otro mundo, pero parece que hay cierta reticencia para que se nos dé.
R.Ha habido avances, se han convocado manifestaciones por parte de los colectivos afectados, los colegios profesionales, entre ellos el de Huelva, pues han contribuido económicamente para hacer posibles esas manifestaciones. Por parte de la Administración, que en el fondo es quien tiene que resolver el problema, porque esto tiene una puerta de salida y una puerta de entrada. De nada te sirve que te den la puerta de salida si luego no tienes abierta la puerta de entrada. Y la Administración empezó poniendo unas condiciones que eran sencillamente inasumibles para los afectados. Ahora parece que se ha iniciado un procedimiento de tramitación parlamentaria a ver exactamente en qué termina.
R.Tampoco nos van a convencer con buenas palabras y palmaditas en la espalda, pero bueno evidentemente sí hay una cosa tan seria como una tramitación parlamentaria, pues habrá que dar como mínimo un voto de confianza que eso salga bien.
Lo que pretendemos es algo tan simple como que se dignifique la función del abogado
P.¿Cuántos colegiados hay afiliados al ICAH?
R.En total somos aproximadamente unos 1.500, de los cuales 1.000 más o menos son abogados y abogadas ejercientes y otros 500, pues aproximadamente son personas que están colegiadas, pero no ejercen la abogacía.
P.¿Ha notado que haya aumentado el número de personas jóvenes que se esté colegiando?
R.Ese es uno de los grandes problemas de la profesión, no ya en Huelva, sino a nivel nacional. El número de abogados está disminuyendo. Llevamos ya dos o tres años viendo una disminución en el número de colegiados, porque los que salen superan a los que entran, ya sea por jubilación, por fallecimiento o porque deciden dedicarse a otras actividades laborales. Entonces, sí es cierto que se ve que no está siendo tan atractiva la profesión para la gente joven como nos gustaría.
R.El número de abogados va descendiendo, entonces tenemos que poner toda la carne en el asador para hacer más atractiva la profesión, que lógicamente no es algo que se vaya a conseguir en Huelva. Somos conscientes de que esto es una labor a nivel mucho más alto, a nivel nacional. Pero cada uno pone su granito de arena. Por ejemplo, nosotros este año que hemos tenido un importante superávit en el colegio, hemos tenido una considerable reducción del gasto sin necesidad de ampliar las cuotas y ese superávit lo queremos invertir. En la próxima Junta de Gobierno vamos a ver si tomamos la decisión de reducir las cuotas a aquellos compañeros y compañeras que no tienen tres años de antigüedad y que, por tanto, no pueden acceder al turno de oficio.
R.Parece poco lógico que yo en el mes de febrero cumplí 60 años y por el hecho de haber llegado a la sexta planta, el colegio te reduzca la cuota y, sin embargo, un compañero que entre joven en el colegio va a pagar más cuotas de las que pago yo, que llevo 38 años ejerciendo la profesión. Queremos acabar con eso y, ya que tienen dificultades para empezar en el ejercicio de la profesión y, porque no se les permite acceder al turno de oficio, por lo menos que las cuotas del colegio sean llevaderas.

P.¿A qué cree que se puede deber este rechazo a la profesión?
R.Creo que es porque fundamentalmente se han endurecido los requisitos para el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo, yo terminé mi carrera con 22 años. A los 22 años estaba colegiado, ya era abogado, estaba apuntado al turno de oficio y ya me había puesto una toga y había defendido un señor en un juicio. Hoy día hay que terminar una carrera de Derecho, después hay que hacer un máster obligatorio de dos años de duración, posteriormente tienes que hacer un examen nacional y cuando has aprobado todo eso te colegias y todavía tienes que esperar otros tres años más para poder apuntarte al turno de oficio. Es lógico, es comprensible, que haya mucha gente joven que vea que el comienzo en la profesión es excesivamente duro.
P.También se están dando cambios en la abogacía como la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.
R.Han entrado en vigor algunas partes de la ley en el mes de abril y otras todavía no. Habrá que ver cómo evoluciona. Desde mi punto de vista no quiero ser pesimista ni catastrofista ni ser el gafe, pero sinceramente creo que no va a obtenerse el resultado que se pretende, a no ser que vaya acompañada de una importante inyección económica, porque es una ley que podría ser muy buena teórica y académicamente hablando, pero que necesita mucho dinero para implantarse y no sabemos si ese dinero se tiene o no se tiene.
R.Por ejemplo, la ley establece la obligatoriedad de los Métodos Alternativos de Solución de Controversia, eso puede suponer un incremento del gasto para el cliente particular que si lo puede permitir no hay ningún problema el problema es que ese trámite también es obligatorio para los clientes que no tienen dinero, entonces ¿quién va a sufragar ese coste? La mediación es uno de los métodos alternativos y no ha servido para aligerar la carga de trabajo. Todas las administraciones quieren poner toda la carne en el asador sobre la mediación y hay una cosa que es evidente: si la mediación funciona los juzgados tendrán menos trabajo. La dificultad está en conseguir que la mediación funcione y para eso no solo hace falta dinero, también hace falta un cambio de mentalidad que no tenemos.
R.También se ha previsto la transformación de los juzgados de paz en oficinas judiciales municipales, con una serie de requisitos y una serie de funcionarios y una serie de funciones que, lógicamente, requieren de muchísimo dinero.
En líneas generales se ve que la justicia no recibe el mismo trato que recibía cuando yo empecé a ejercer la profesión.
P.¿Qué factores problemáticos le ve a esta nueva ley?
R.La ley en mi opinión tiene algún que otro algún inconveniente, algún defecto técnico. Por ejemplo, contempla la posibilidad de que se prepare un juicio a través de la conciliación judicial. Es decir, el propio juez, los propios juzgados, se convierten en órganos de conciliación. Eso ha existido toda la vida de Dios. Pero claro, si lo que se pretende es descargar de trabajo a la Administración de Justicia, no tiene sentido que una de las fórmulas de solución de conflictos sea precisamente la de acudir a la Administración de Justicia porque lo que se descongestiona, por un lado, se va a congestionar por otro.
R.Creo que habría que modificar muchas veces pequeños detalles en el funcionamiento del día a día de la Administración de Justicia y esta funcionaría mejor, sin necesidad de grandes cambios estructurales, que pueden chocar con algunos problemas. Por ejemplo, hablando de mentalidad, los jueces ahora mismo todavía no ha entrado en vigor la ley y cada juez es el titular de su juzgado. Ahora resulta que desaparecen los juzgados individuales y se crea un único tribunal de instancia, la cuestión es quién acostumbra ahora a que no manda nadie porque mandan todos. Por eso digo que yo creo que el problema no es tanto de un planteamiento académico, que eso seguro que los catedráticos y los juristas lo han visto y lo han hecho estupendamente, pero lo verdaderamente importante es conseguir un cambio en la mentalidad.

P.¿Cómo se encuentra de salud la justicia en Huelva? ¿Está atravesando un buen o mal momento?
R.A la justicia en Huelva no le pasa nada que no le pase a la justicia en cualquier otro punto. De hecho, comparada con la justicia en otros puntos, se podría decir que funciona hasta bien. Diría que la justicia en Huelva está al mismo nivel que en el resto de España, es decir, mal, pero dentro de lo malo no es lo peor. Empecé en esto en el año 88 y te digo que nunca he visto que la justicia funcione bien, pero no veo que esté peor la justicia que cuando yo empecé.
R.Ahora está más de moda hablar de la justicia, pues ahora caemos en la cuenta de que la justicia no funciona bien. Cuando yo empecé, los jueces y magistrados recibían un trato por parte de la sociedad y por parte de los políticos diferentes al que reciben hoy día, que están sujetos y sometidos no a crítica, que eso podría formar parte de su obligación de soportar la crítica, sino a constantes ataques por todas partes. Eso hace que el ciudadano que tradicionalmente ha considerado la justicia como el servicio público mejor valorado, pues ya empiece a desconfiar de la Administración de Justicia. Pero de eso no tienen la culpa la Administración, de eso tienen la culpa los ataques que recibe la Administración de Justicia.
R.En líneas generales se ve que la justicia no recibe el mismo trato que recibía cuando yo empecé a ejercer la profesión. Creo que lo tiene que recuperar, pero no por un formalismo ni por un protocolo. Creo que lo tiene que recuperar porque se afecta la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es garantía del Estado de Derecho. Para poder convivir democráticamente es necesario que la justicia sea independiente y claro para que la justicia sea independiente es muy importante que la dejen trabajar, no que la intenten controlar.
R.Que se respeten sus decisiones, que sus decisiones pueden ser aceptadas o pueden ser erróneas como las de todo el mundo, pero no pueden estar constantemente cuestionándose la buena intención de las decisiones judiciales.
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