Además de tener que hacer frente a la morosidad de los vecinos, las comunidades de propietarios se ven obligadas, cada vez más, a responder a las obligaciones de viviendas que han pasado a sus manos por culpa de deudas acumuladas desde hace años. El aumento del número de parados en la provincia como consecuencia de la crisis ha llegado a afectar a los propios vecindarios. Y es que, tal y como señalan desde las empresas que se dedican a gestionar las comunidades de vecinos, desde el inicio de la crisis se ha multiplicado el número de impagos en los edificios. Sólo en el último año, la morosidad se ha disparado un 37% en la provincia de Huelva, según el Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva.

El presente ejercicio se cerrará con una deuda que rozará los diez millones de euros, cuando el año pasado ésta no superaba los 6,3 millones. Y lo peor, los augurios no son nada halagüeños: "El año que está a punto de comenzar aún será peor..., o al menos no va a ser mejor, eso seguro", mantiene el presidente del COAF, David Toscano. Para ello se basa en que su gremio "es un termómetro de la realidad de la economía" porque están en el "día a día". Y es que conocen muy de cerca la realidad que se vive en los hogares onubenses. "Y esa realidad nos dice que son muchas las familias que dependen de un subsidio y que el año que viene no lo tendrán".

El sector sabe que los pocos ingresos que entran en algunas familias y que les obligan a hacer equilibrios para subsistir cada mes han llevado a muchos a recortar gastos y aplazar lo que puedan el pago de algunas facturas que no se consideran indispensables, como el recibo de la comunidad.

Aún así, esta práctica puede tener consecuencias porque, como explican algunos administradores de fincas, si los vecinos no pagan, no se pueden llevar a cabo obras de renovación o reparaciones en el edificio. La solución no es fácil porque ante el impago no se pueden dejar de prestar determinados servicios a quienes no pagan. El presupuesto que queda en las arcas de cada comunidad sólo sirve para cubrir los gastos básicos, como la luz o la limpieza del edificio, pero por lo general optan por posponer los proyectos más costosos (y sus consecuentes derramas) a la espera de tiempos mejores.

A falta de una cifra concreta que defina la evolución durante los últimos cuatro años (no existen datos oficiales de la provincia anteriores a 2009), el sector lo que tiene claro es que el fuerte desempleo que se acumula en la provincia ha provocado que la cifra de vecinos morosos "se dispare de forma espectacular".

La morosidad en la Costa es mayor que en el resto de la provincia. Hay muchos propietarios de fincas de segunda vivienda en las playas onubenses que durante el invierno no están al día con su comunidad de vecinos. Hasta tal punto llega ese nivel de endeudamiento en las comunidades de la Costa que se calcula que el índice de morosidad en la zona duplica al del resto de la provincia.

La crisis ha provocado que los vecinos no sean los únicos que están acumulando deudas en las comunidades de propietarios. La situación económica ha dejado en manos de bancos, cajas de ahorros y promotoras inmobiliarias numerosas viviendas sin vender o sin que sus propietarios hayan podido hacer frente al pago de su hipoteca. Y esto es precisamente lo que ha provocado que bancos y promotores se sumen al grupo de morosos de las comunidades o pasen a formar lo que los administradores de fincas denominan nuevos morosos. Se calcula que sus deudas pueden suponer casi el doble que las que había hace dos años, alcanzando al 25% del total de la morosidad actual. Y esa cuarta parte es una de las que más preocupa hoy en día al sector porque es "la que más está creciendo".

Los administradores de fincas, ahora más que nunca, han de llevar a cabo una labor de mediación entre los deudores y los proveedores a los que se les debe el dinero. "Hacemos una gran labor de mediación", asegura David Toscano, que les lleva a negociar hasta el último extremo. Esa labor de mediación adquiere mayor importancia cuando lo que se juega una comunidad es que se le corten servicios de primera necesidad como la luz y el agua. "Nuestras relaciones con Aguas de Huelva y Endesa son excelentes, y nos permiten evitar la suspensión del suministro", lo que hace que haya cierta permisividad.