La reacción del inspector de la Policía Nacional acosado, Emilio Fernández, al recurso de apelación presentado por el exsecretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Francisco García Medel, no se ha hecho esperar. En el escrito de impugnación de la acusación particular, al que ha tenido acceso en primicia Huelva Información, se defiende a capa y espada la valoración de la prueba realizada por la magistrada Estela San José, titular del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva, que fue quien juzgó el caso y quien condenó a Medel a dos años de prisión y a compartir subsidiariamente el pago de la indemnización de 200.000 euros con el propio sindicato policial.

Los abogados de la víctima, los penalistas granadinos del bufete Martínez de las Heras, remarcan que la jueza ha hecho uso de su "facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio", algo compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva "siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia", como opinan que ha ocurrido. Por ello piden a la Audiencia que desestime todos los puntos que construyen el recurso de la defensa.

Asimismo, los letrados muestran su "disconformidad respecto a todo lo alegado", especialmente en el punto en que se dice que la resolución judicial "no tiene sustento probatorio alguno", pues el recurso del exsecretario del SUP onubense incurre en "innumerables contradicciones y falsedades" que quedaron expuestas en la vista oral.

La acusación particular recuerda que todo se desató después de que el inspector Emilio Fernández, que en 2008 tomó las riendas del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la comisaría onubense, detuviera a tres compañeros por violencia de género. La víctima, como responsable del grupo encargado de combatir la violencia machista, "intervino y puso fin a años de impunidad o, dicho de otra forma, a un nefasto concepto de compañerismo y peor, si cabe, un abandono a su suerte de las mujeres de los policías detenidos", dos de los cuales eran miembros del SUP.

A partir de ahí "se articuló una campaña de desprestigio, venganza, ataque personal y profesional" contra el mando, "hasta llegar al punto de provocar un aislamiento que, como han acreditado los mismos testigos" que depusieron en el juicio, "deterioró gravemente la integridad del perjudicado".

Porque el asunto no solo se quedó en la esfera interna de la comisaría, sino que saltó a medios de comunicación –como este mismo diario– y a portales y plataformas de internet.

Dicen los abogados de Fernández que García Medel inició una campaña de acoso y contra la integridad moral "aprovechándose de su condición de representante sindical".

Hay que recordar aquí que una de los principales pilares del recurso del exresponsable del SUP para tratar de tumbar la sentencia en la Audiencia Provincial es, precisamente, que toda su actuación estuvo justificada porque era su deber como cabeza visible del sindicato perseguir los supuestos ilícitos laborales que, según él, estaba cometiendo el inspector.

Entre otras, el acusado dijo que el jefe del SAF trataba mal a los componentes de su equipo, quienes pidieron el traslado del grupo o se dieron de baja masivamente. En la impugnación del recurso se hace constar que si lo hicieron "no fue porque existiera ningún problema en el grupo", sino por "mejoras profesionales".

Desde el bufete Martínez de las Heras se evidencia que hasta entonces (los problemas empezaron en 2008) Emilio Fernández no había estado nunca de baja laboral. Y que nunca ha tenido problemas en ninguna de las áreas en las que ha trabajado. A día de hoy es el jefe de la Unidad de Inteligencia de la comisaría de Huelva.

El mando llegó a ampliar la denuncia, por lo que considera que no ha prescrito

Respecto al nivel de acoso que mantuvo García Medel contra él, se pone de manifiesto que llegó a presentar un escrito al jefe superior de la Policía Nacional que dio lugar a la apertura de una investigación reservada que se desarrolló a lo largo de cuatro meses, y que se acabó archivando porque todos los entrevistados expusieron que "el único problema era la carga de trabajo del grupo, comprobándose que dichas manifestaciones de Medel eran totalmente falaces".

A pesar del resultado de esta investigación, el procesado "continuó alimentando su campaña contra nuestro patrocinado", una actitud que, a juicio de los juristas de la acusación, fue "dolosa y concienzuda" y se produjo de forma "incesante y reiterativa, extralimitándose de sus funciones sindicales".

El exsecretario del SUP llegó a reconocer, subrayan, "que ante una propuesta de concesión de una medalla a Emilio intervino comunicando" que no se la impusieran. Luego, ya en abril de 2013 (cuatro años después del archivo de la información reservada) envió un escrito a la comisaría "exponiendo que Emilio no estaba capacitado para portar armas de fuego", entre otras cuestiones.

En cuanto a la posible prescripción de la acción civil y penal alegada por los condenados, se destaca que el inspector "se vio en la necesidad de presentar una nueva denuncia, ampliatoria de las anteriores", en mayo de 2012 debido a nuevas publicaciones realizadas por García Medel.

Asimismo, se señala que la indemnización de 200.000 euros acordada por la jueza "no resulta excesiva o infundada" a tenor del padecimiento y las secuelas sufridas por la víctima y por su entorno, por lo que los letrados consideran que si la responsabilidad civil es revisada por la Audiencia debe ser "al alza, nunca a la baja".