Dos años de prisión es la condena fijada por la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva para el exsecretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Francisco García Medel por la "campaña de venganza" que mantuvo contra el inspector Emilio Fernández, quien en 2008 dirigía el Grupo IV de la Policía Judicial de Huelva y ordenó la detención de varios policías nacionales por violencia machista.

Huelva Información ha tenido acceso a la sentencia (avanzada ayer), que merece un análisis detenido. Así, se da por probado que García Medel ostentaba en 2008 el cargo de secretario provincial del SUP, momento en que Fernández fue nombrado jefe del Grupo IV, que se dedicaba (entre otros) a perseguir delitos de homicidio y violencia de género.

Cuando el inspector recepcionó varias denuncias de violencia machista de mujeres de agentes de la comisaría de la Policía Nacional, "encontró notables obstáculos en los funcionarios que se encontraban bajo sus órdenes para llevar a cabo la correcta actuación, esto es, la detención del agresor y su puesta a disposición judicial".

Uno de los tres policías detenidos por Emilio Fernández ostentaba un cargo en el SUP y, por tanto, "mantenía una especial relación con el acusado". García Medel "trató por distintos medios en un principio, incluso a través de llamadas telefónicas personales, que el inspector modificara su forma de proceder cuando los denunciados por violencia de género eran agentes de la Policía Nacional, encontrándose con la férrea oposición del perjudicado".

Contra la sentencia cabe recurso en apelación ante la Audiencia Provincial

Relata la magistrada Estela San José que como no logró su objetivo, el procesado comenzó a tratar por distintos medios de "desprestigiar" al inspector jefe. Lo hizo a través de la revista sindical Carné por Puntos, a la que remitió distintos comunicados. En abril de 2010, por ejemplo, instaba a su cese o a que fuera expedientado por no cursar una instancia, punto que no verificó, al mismo tiempo que cuestionaba "la medalla a la que había sido propuesto por sus méritos profesionales". El propósito de García Medel, dice la titular del Penal 3, era "minar y cuestionar su imagen y su honor". En el mes de junio del mismo año insistió en estos términos en otra publicación.

Pero hubo más, como las de la revista Policías del Siglo XXI, donde "se hacía mención constante a su trato despótico a los funcionarios a su cargo".

El acusado promovió a la vez la intervención de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT), "que se traslada a Huelva y, tras el correspondiente expediente, no detecta" en el inspector Fernández "anomalía alguna o comportamiento ilícito".

Durante los años 2008, 2009 y 2010, el exsecretario del SUP en Huelva "no cesa en su constante campaña de desprestigio y ataque" contra la víctima. Si se le proponía para algún reconocimiento público o tenía prevista la participación en cursos formativos en materia de violencia de género, "dirigía a la prensa, como representante sindical, notas que cuestionaban la capacidad y profesionalidad del perjudicado".

Es el caso de las publicaciones de esos comunicados del SUP que se realizaron en este mismo rotativo entre el 22 de abril y el 3 de mayo de 2010, referentes "al acoso laboral que sostenía" García Medel que el inspector ejercía contra su grupo, "y ello aludiendo a que se había denunciado y se había dado traslado a los mandos centrales, obviando el sobreseimiento del expediente de la UCOT".

El ilícito llegó hasta tal punto, se afirma en la sentencia, que o García Medel o "funcionarios afines" llegaron incluso a realizar "registros en el despacho personal del perjudicado en búsqueda de documentos o fotografías para poder sustentar la falsedad en las acusaciones".

El asunto no quedó ahí. En su campaña de desprestigio orientada a "destruir el principio de autoridad que ejercía el perjudicado como jefe de grupo", llegó a "acusarle de haber cometido acoso sexual contra una funcionaria" en prácticas. Se "propagó" por la comisaría del Paseo de Las Palmeras que Fernández hacía "la vida imposible a las personas a su cargo, que no les permitía ni la más mínima iniciativa, que su trato era prepotente y despótico, que provocaba ataques de llanto a alguno de los miembros del grupo en su forma de dirigirse a ellos" y que estos habían tenido que pedir otro destino.

La víctima de las calumnias y el delito contra la integridad moral, atendiendo a víctimas del robo de bebés.

Pero la magistrada aclara que estos policías se marcharon "por voluntad propia", ya que cuando uno de los inspectores más brillantes que ha pasado por Huelva "fue relegado a funciones casi administrativas por la presión ejercida por el acusado, volvieron a tener la oportunidad de regresar al Grupo IV y no lo hicieron".

San José subraya que "prevaliéndose de su condición de representante sindical" hizo "todo lo que estuvo en su mano para evitar la concesión" de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a la que Emilio Fernández estaba propuesto.

Todo esto ha tenido consecuencias desastrosas para la salud del inspector, que tuvo que ser dado de baja por su estado psíquico. En las épocas en las que se incorporaba a sus funciones, "el acusado, de nuevo con un ánimo ilícito de perjudicar al mismo, llegó a presentar denuncia ante los servicios médicos de la Policía Nacional" en 2013. En un primer momento, la Dirección General de la Policía resolvió que las secuelas de Fernández no estaban relacionadas con estos hechos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronunció en sentido contrario en marzo de 2015.

Por todo, García Medel tendrá que permanecer dos años lejos del inspector y abonarle, a medias con el SUP, una indemnización de 200.000 euros. Se le atribuye un delito de contra la integridad moral y otro continuado de calumnias. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.