Huelva

El exsecretario del SUP se sienta en el banquillo por acosar a un inspector

  • García Medel se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y a una indemnización millonaria

El denunciante, el inspector Emilio Fernández. El denunciante, el inspector Emilio Fernández.

El denunciante, el inspector Emilio Fernández. / alberto domínguez

El que fuera secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Francisco García Medel, se sienta hoy en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva por el presunto "acoso y derribo" al que supuestamente sometió al inspector Emilio Fernández, quien en 2008 dirigía el Grupo IV de la Policía Judicial de Huelva y que ordenó la detención de varios policías nacionales por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer (que eran de su competencia).

En el escrito de la acusación particular, al que ha accedido Huelva Información, el letrado Rafael Martínez de las Heras refiere que fue a partir de esas detenciones cuando Medel "inicia una campaña de desprestigio del denunciante y con un objetivo de conseguir su destitución", proponiendo su cese primero al entonces comisario de la Policía Nacional en Huelva, Miguel Rodríguez Durán, y luego ante la Unidad de Coordinación Operativa Territorial. Al no conseguir su supuesto objetivo, recurrió a la prensa local y a la publicación periódica nacional del propio SUP en lo que la acusación denomina una "campaña de acoso" que ha tenido serias secuelas para Fernández, quien debido a ello estuvo de baja entre 2009 y 2014 y que a día de hoy todavía padece un trastorno depresivo mayor y un trastorno mixto ansioso depresivo.

Por todo, la acusación particular considera que Medel debe ser condenado a cuatro años de prisión por un delito continuado contra la integridad moral y de lesiones, a otros dos años de cárcel por un delito de calumnias y a multa de 5.040 euros y alejamiento durante cinco años de la víctima por un delito continuado de injurias graves con publicidad, a lo que suma la "agravante de prevalerse del carácter público del cargo que ostentaba como dirigente sindical". Además, el inspector reclama una indemnización de 750.000 euros a Medel, al SUP y a la Dirección General de la Policía. La Fiscalía no ha presentado acusación.

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