Las huellas que quedan por borrar

Hace unos días que el Ministerio de Justicia envió una serie de cartas a ayuntamientos de toda España para recordarles sobre la necesidad de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Son 637 municipios, 43 en Andalucía, de los que tres de ellos se encuentran en la provincia de Huelva. La capital, Palos de la Frontera y Zalamea la Real son los tres señalados desde el Gobierno, siguiendo datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por mantener vestigios franquistas en sus calles. La Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (MHPH) asegura que hay muchos más, y algunos de los municipios cuestionados aclaran que realmente deberían ser menos, por no considerarse aludidos correctamente.

No ha sentado muy bien en Zalamea formar parte de este listado de incumplidores, cuando, asegura su alcalde, Marcos Toti (Izquierda Unida), su callejero está al corriente de la ley. “Tenemos todo en orden. No es verdad que quede ningún vestigio. Me ha fastidiado esto porque no hay nada”, asegura el regidor zalameño.

En Palos apuntan en el mismo sentido: tienen los deberes hechos y hace mucho que hicieron los cambios necesarios siguiendo la ley, apuntan fuentes del Ayuntamiento palermo (Partido Popular). Otra cosa es que queden calles como Ramón Franco, “relacionada con el vuelo del Plus Ultra, que es anterior a la Guerra Civil”.

La contrariedad que ha causado esta misiva en el regidor zalameño le va a hacer dar un paso más. Tiene prevista la correspondiente respuesta al Ministerio, en la que acreditará el cumplimiento de todos los preceptos en cuanto a la retirada de símbolos franquistas en todo el término municipal, como ya remitieron en diciembre pasado, también al hilo de otra comunicación recibida en octubre del Senado.

El 26 de julio de 2018, confiesa Marcos Toti, el Pleno aprobó dar de baja la calle General Franco, que permanecía en la base de datos del INE, a pesar de que en la misma “no existían habitantes empadronados, sin secciones y viviendas dadas de alta”.

Mucho más atrás, en septiembre de 1998, se aprobó el cambio de nombre de la calle General Sanjurjo, en la aldea Las Delgadas, de la que se mantenía un tramo pendiente de cambio “por error en el Padrón”. Fue entonces, también, cuando se culminó la tarea en el callejero de todos los núcleos zalameños, mucho antes de que la memoria histórica se legislara.

Cambios hace años

“La mayoría de los cambios de este tipo se hicieron en todos los ayuntamientos entre finales de los 70 y principios de los 80”, cuenta el presidente de la asociación provincial, Fernando Pineda, exalcalde, además, de El Campillo, uno de los primeros municipios en ejecutar esta decisión por coherencia con el nuevo orden democrático.

Pineda es también, sin embargo, quien asegura que el Ministerio de Justicia debería haber mandado más cartas a Huelva porque “son muchos más los municipios que incumplen”.

El número no lo concreta la asociación. Faltan inventarios correctos, también en la MHPH, carente de medios, asegura su presidente, más allá de la labor desinteresada de sus miembros. Hace unos días, el 11 de febrero, se trató el tema en la reunión de su junta directiva, con el compromiso de coordinar en cada comarca la colaboración necesaria con los ayuntamientos y culminar las tareas pendientes de ejecutar “en plan amistoso”, entre ellas el capítulo de distinciones y honores, que requiere, reconocen, de una gran labor en los archivos.

Uno de ellos se centra en la capital. El Ayuntamiento de Huelva (PSOE) es el único de los tres nombrados por Justicia estos días que sí reconoce tener todavía simbología franquista en sus calles. El núcleo más conocido es el que representa la barriada de José Antonio, que cambió su nombre oficial pero no el de sus calles, consagradas al recuerdo de combatientes de la Guerra Civil en el bando franquista y de dirigentes falangistas. El problema aquí está en la negativa de los vecinos del barrio a que se cambien sus nombres por el contratiempo logístico que ello les puede suponer. Por otro lado quedan conocidos símbolos, asumen también, como el azulejo en la fachada de la iglesia de la Concepción.

El portavoz del Gobierno municipal, Manuel Gómez, admite que hay en el callejero de la ciudad nombres “muy evidentes y otros más discutibles”. “Vamos a cumplir la ley y nuestro trabajo va en esta línea, para hacerlo a la mayor brevedad posible, pero sin causar más perjuicios a los vecinos”.

Fernando Pineda deja claro que el consenso debe estar detrás de cualquier acción que se lleve a cabo para ejecutar la ley. “No se pueden imponer las cosas”. “Nuestros escritos a los ayuntamientos no son para exigir sino para ofrecer nuestra colaboración amistosa”.