La Guardia Civil detuvo en Huelva a 11 conductores por exceso de velocidad a lo largo del 2025

Los investigados por este tipo de delitos se enfrentan a penas que pueden alcanzar prisión de tres a seis meses

La Guardia Civil detiene en la provincia de Huelva a 210 personas buscadas por la justicia durante el 2025

Dispositivo de la Guardia Civil en una carretera de Huelva. / Guardia Civil

Durante el pasado año 2025, por componentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva procedieron a la investigación y puesta a disposición judicial de 11 conductores de vehículos de diferentes clases y categorías, como autores de delitos contra la seguridad vial por superar los límites de velocidad establecidos.

Estas conductas fueron detectadas con ocasión de la ejecución de los distintos dispositivos operativos de verificación de la velocidad planificados para la prevención de la siniestralidad que se desarrollan de forma habitual en las diferentes vías de la provincia de Huelva competencia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

En un importante número de los casos, y debido a la elevada velocidad a la que conducían estas personas, no fue posible la interceptación inmediata del vehículo, requiriendo investigaciones posteriores para la identificación de los conductores, que han propiciado el esclarecimiento de los hechos, y la identificación e investigación de los autores del delito.

Todo ello ha sido posible gracias a la planificación de servicios de control de velocidad que minuciosamente lleva a cabo el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico, con el objetivo principal y último de la prevención y reducción de la siniestralidad vial en las carreteras de la provincia.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza estos dispositivos con el objetivo de garantizar la seguridad vial, prevenir siniestralidad vial y proteger la vida de todos los usuarios de la vía, contribuyendo a concienciar a los conductores del peligro de este tipo de conductas.

Los investigados por este tipo de delitos se enfrentan a penas que pueden alcanzar prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, y en todo caso la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.

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