La paciencia ha llegado a un límite para los funcionarios de prisiones. Ya no quieren dejar pasar más tiempo para que lleguen soluciones a sus problemas, que son muchos. El mensaje que lanzan es claro: “Tu abandono me puede matar”. Es una proclama dirigida al Gobierno, con toda la crudeza de las palabras y sin falso alarmismo. Es también el nombre de la asociación con la que el colectivo se está reorganizando en toda España al margen de los sindicatos, en los que ha perdido la fe y a los que culpa también de su desamparo.

Primero como plataforma asindical y apolítica, ahora, desde hace muy poco, como asociación, tienen presencia en casi todos los centros penitenciarios del país, en más de sesenta. Y el de Huelva es uno de ellos. Sufren problemas comunes en todos, aunque más acentuados en unos que en otros. La voz de alarma se dio en Huelva hace tiempo.

Son varios los frentes abiertos para encontrar una salida válida a una situación laboral en la que la mayor amenaza la sufre la propia integridad física. En Huelva hay alrededor de 450 funcionarios (también personal laboral) en la prisión de La Ribera, aunque harían falta otros 40 para prestar un servicio adecuado, sin merma en la actual plantilla. En España, el déficit de personal se eleva hasta los 3.400 trabajadores.

Los datos los ofrece el coordinador provincial de la asociación, Juan Manuel Moralo, quien asegura que las carencias afectan “a todas las áreas” y que el número se incrementa en diez más, considerando el Centro de Inserción Social existente en Huelva.

Hay cuatro grandes puntos en las reclamaciones de los funcionarios de prisiones. Probablemente, la más intensa durante años es el cambio de su estatus, para adquirir la consideración de agentes de autoridad, en rango idéntico al de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Actualmente forman parte de la Administración General del Estado, equiparado a cualquier trabajador que presta sus servicios “en una oficina de Hacienda, por ejemplo”. “Nosotros trabajamos a diario con reclusos, con delincuentes, algunos de ellos muy peligrosos, y se nos plantean situaciones muy comprometidas”. Sienten indefensión.

Un principio, más allá de lo simbólico, sería acabar con la denominación de Cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias y convertirse, quizá, en Cuerpo Nacional de Instituciones Penitenciarias. Se quejan de que tienen de espaldas al Ministerio del Interior, sin portavoz ni canales de comunicación públicos como sí tienen policías y guardias civiles. No les acompañan ni los uniformes.

“Hace poco unos compañeros salieron uniformados a la calle y la gente les confundía con músicos de una banda”. La chaqueta, la camisa, el pantalón de pinzas y los zapatos que llevan cada día, aseguran, no son los adecuados para su seguridad, para exponerse cada día ante los presos. En mente tienen al compañero de Soto del Real que ha salvado la vida hace unas semanas tras ser apuñalado repetidamente por un interno.

Ésta es una de las cuestiones en las que pretenden que tome conciencia la población: su exposición física diaria. “Tenemos unos guantes propios de jardinería que son deficientes para nuestro trabajo. No es raro que algún compañero se pinche con agujas usadas para tatuar y se arriesgue a contraer enfermedades graves”, explica Juan Manuel Moralo.

Los funcionarios piden medios pero también reclaman formación directa por parte de la Administración que les prepare en todos los sentidos y para cualquier eventualidad posible. “En Huelva hemos sufrido tres incendios en muy corto espacio de tiempo y la mayoría del personal no sabe ni cómo utilizar una bombona de oxígeno para respirar”.

Mejora salarial

El otro gran punto en el que centran su lucha es la mejora salarial. “Ni más ni menos que una subida similar a la de la Guardia Civil o la Policía Nacional”, dicen. Otro ejemplo más: en Cataluña, única comunidad con trasferencia en materia de prisiones, “cobran 500 euros más que nosotros al mes y no tienen ni presos terroristas, como sí tenemos aquí”. “Queremos que consideren la nuestra una tarea esencial”.

Seguridad y dignidad, resumen sus peticiones, que todavía son más, como su demanda de concursos de traslado anuales con baremos reglados, una atención adecuada a internos con tratamiento psiquiátrico o la normalización del servicio de enfermería en Huelva, que, apuntan, está próximo a conseguirse con la intervención del nuevo director del centro penitenciario, Raúl Barba.

“Nos hemos reunido varias veces con él y es un hombre cercano, que escucha al personal y bastante resolutivo. Había cosas pendientes en el centro y se ha puesto ya manos a la obra”, cuenta Moralo. Ahora falta que el Gobierno, el Ministerio del Interior, atienda el clamor que llega de los funcionarios de prisiones. Porque el abandono que sienten, recuerdan, les puede costar la vida cualquier día.