La concesión de la Autorización Ambiental Unificada no supondrá una rápida reapertura de la mina de Riotinto, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la tramitación del proyecto. El equipo liderado ahora por Isaac Querub como nuevo consejero delegado se enfrenta al largo listado de condicionantes que la Administración autonómica requerirá para autorizar el inicio de la actividad. Una lista que supondrá, según fuentes conocedoras del proceso, un incremento del coste de la reapertura de hasta 30 millones de euros (Emed ha invertido ya 100), así como el retraso de la explotación hasta finales de 2015 o principios de 2016.

La Junta anunció el pasado mes de febrero que consideraba "ambientalmente viable" el proyecto siempre y cuando se ejecute y desarrolle de acuerdo a las actuaciones y medidas incluidas en el proyecto y el estudio de impacto ambiental.

El dictamen elaborado por la Consejería de Medio Ambiente incluía más de 300 condiciones de carácter ambiental obligatorias para el promotor con el objetivo de "evitar, prevenir y minimizar" los impactos ambientales.

Así, en el informe se incluía la prohibición de todos los vertidos sin depurar al río Tinto, para lo cual todos los efluentes deberán dirigirse a una estación depuradora, y sólo se permitía el vertido de esta planta si se cumplen los valores límite de emisión establecidos en la legislación vigente. La contaminación difusa, procedente de las antiguas escombreras, tendrá que reducirse de manera progresiva de acuerdo con el programa de restauración de las mismas, que garantizará que en el plazo de diez años, la carga contaminante que en la actualidad llega al río Odiel desaparezca.

El dictamen incorpora el Plan de Vigilancia y Control de los distintos valores ambientales, tanto en las fases de obras como de explotación, de cierre y clausura, al menos durante 30 años, así como la figura del técnico ambiental residente por parte del promotor.

Otras medidas que se recogen en este penúltimo informe están relacionadas con la protección y gestión de los hábitats, y especies de fauna y flora protegida existentes en la zona, la obligatoriedad de elaborar y aplicar un plan de autoprotección contra incendios forestales, y las cautelas establecidas por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Huelva para la protección de los bienes culturales (Corta Atalaya o la necrópolis Tres Cruces, entre otros).