Los centros educativos de la provincia de Huelva cuentan con el primer protocolo de Abusos Sexuales, que tiene como fin dar respuesta a las necesidades de los profesionales educativos, en cuanto al conocimiento específico sobre los abusos sexuales y los elementos de protección del alumnado en este tipo de maltrato.

La presentación del documento ha contado con la presencia de la delegada territorial de Educación y Deporte en Huelva, Estela Villalba, y del delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Familiar, Manuel Antonio Conde, además de los jefes de servicio de Inspección y Ordenación educativa, representantes del servicio de prevención y la asociación Adimna (para la defensa de la Infancia y la prevención del maltrato infantil).

Hasta ahora no había una normativa específica, ya que actualmente la respuesta se canalizaba a través de los Protocolos de Acoso Escolar o del Protocolo de Maltrato Infantil, no incluyendo intervenciones ajustadas a estas situaciones.

El grupo de trabajo, que ha elaborado el plan está liderado por el Área de Compensación Educativa y se compone además del Área de Acción Tutorial y Convivencia, el Servicio de Inspección Educativa, el Servicio de Prevención de la Delegación Territorial e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la Fiscalía de Menores de Huelva y ADIMA, como entidad especializada en la atención e intervención con menores víctimas de abuso sexual.

Villalba ha declarado que “nuestros centros educativos deben ser espacios protectores para todos los niños y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún tipo de vulneración de derechos o de su intimidad como puede ser el Abuso Sexual Infantil”.

Presentación del protocolo de abusos sexuales en los colegios.

“Con este protocolo tratamos de reflejar la información que se pueda necesitar ante el conocimiento en un centro educativo, de que un/a niño/a pueda ser víctima de una situación de abuso sexual, teniendo en cuenta las emociones y las sensaciones que produce este fenómeno en los maestros/as, orientadores/as y otros profesionales del contexto educativo, de esta forma pretendemos actuar lo más rápidamente posible” señaló Villalba.

El abuso sexual es una modalidad de maltrato infantil, con características particulares que repercuten a nivel individual, familiar y social, por lo que se requiere establecer modelos de intervención específicos y adecuados a dicha problemática. El abuso sexual es un problema, que, con adecuadas intervenciones, puede prevenirse y/o disminuir sus repercusiones e impacto en los menores que los sufren.

Según Alejandro E. Herencia, coordinador de Área de Compensación Educativa, “prevenir el Abuso Sexual en los centros educativos supone reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Para evitar situaciones de Abuso Sexual desde el contexto educativo, el objetivo debe estar centrado en el trabajo preventivo pisco-socio-educacional”. “Para esto los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo”.

Es importante destacar que uno de los tres factores protectores más exitosos para prevenir el abuso sexual es generar un clima escolar que permita que los estudiantes desarrollen la autoestima individual y grupal, se sientan queridos, respetados, valorados y seguros.

Evitar el abuso y detectarlo tempranamente, es fundamental, por ello en el protocolo se establecen tres posibles fuentes de detección: Revelación (testimonio directo del menor abusado), evidencias (cuestiones observables por cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente por el profesorado) e información (aportada igualmente por cualquier miembro de la comunidad educativa). Por lo tanto, cualquier miembro perteneciente al centro educativo o a su entorno más cercano puede convertirse en detector de esta situación.

Una vez conocida esta situación se establecen unas medidas de urgencia, dentro de las cuales se informa a la dirección del centro, al Servicio de Inspección Educativa y al Servicio de Prevención, que aportará un asesoramiento especializado acorde con la situación descrita. A partir de ahí, el protocolo establece medidas concretas ajustadas a cada supuesto, que deberán ser organizadas, desarrolladas y evaluadas por el equipo directivo, el profesional de la orientación y cuantos profesionales intervengan.