Huelva

Los arquitectos andaluces llevan al Contencioso la revisión del PGOU de Huelva

  • Se interpone ante la negativa del Ayuntamiento y a la demora del Colegio de Huelva

Vista de la ciudad de Huelva con el fondo del río Odiel y sus marismas. Vista de la ciudad de Huelva con el fondo del río Odiel y sus marismas.

Vista de la ciudad de Huelva con el fondo del río Odiel y sus marismas. / Alberto Domínguez

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos ha recurrido por vía contencioso-administrativo la licitación publicada por el Ayuntamiento de Huelva para la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La decisión de acudir a la vía judicial se produce, tras varias conversaciones de la presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), Noemí Sanchís, con el Ayuntamiento de Huelva y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (Coah), solicitando la revisión del pliego “por no ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público”, ha informado la entidad en una nota. “Ante la negativa municipal y la demora del Colegio”, Sanchís ha interpuesto por vía de urgencia recurso contencioso-administrativo a la licitación del PGOU. De esta forma, el Cacoa se suma a la alegación presentada a título personal por un arquitecto granadino desvelada por Huelva Información. 

Esta institución representa a más de 7.000 colegiados y desde la misma se consideró que no recurrirían al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Huelva porque “no se han querido dilatar los tiempos para no perjudicar más el proceso de lo que lo ha hecho el propio Ayuntamiento”. Entre los principales fundamentos del recurso se encuentra el hecho de que el contrato que se saca a licitación tiene “un objeto mixto desconectado que impide una adecuada concurrencia competitiva”.

“No pueden formar parte de un mismo objeto el trabajo intelectual de proponer un ‘Avance del Plan’ con la renovación de la cartografía SIG municipal, incluyendo los softwares, los equipos informáticos, e incluso su plan de mantenimiento durante 10 años”, precisan desde el Consejo, apuntando que “se integra en el contrato incluso la formación del personal municipal, que nada tiene que ver con la labor de un urbanista y que condiciona el cobro de honorarios a estos plazos”.

Además, señalan en el recurso que el contenido del trabajo a realizar “no se corresponde con el de un avance, con lo que el precio del contrato también es inadecuado”. “Se está pidiendo la redacción del plan general completa, no un avance; incluso incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica, y todo tipo de estudios complementarios, como hidráulicos, acústicos, de prospección arqueológica e incluso la gestión de todos los informes sectoriales ante la Administración competente”.

Asegura que “no se puede hacer la evaluación ambiental estratégica cuando todavía no se ha aprobado una ordenación por el Ayuntamiento”, por tanto dice que “no puede formar parte del mismo contrato, y menos aún todo el resto de documentos para el cumplimiento de la gran cantidad de normativa sectorial que afecta al planeamiento”.

En opinión del Consejo Andaluz, “es obvio que para el avance hay que tenerla en cuenta, pero no se pueden gestionar todos esos informes cuando todavía no hay una ordenación decidida por los órganos municipales competentes (el pleno de la corporación), por lo que el contrato no se puede ejecutar”. El Cacoa dice que lo que se está contratando es la completa elaboración de un Plan General “y lo inadmisible es que se licita a precio de avance y con una cantidad de cargas suplementarias que lo hace económicamente inviable, sobre todo por la carga del sistema cartográfico digital municipal, que incluye hasta los equipos y el software, pero también todos los estudios sectoriales que el plan conlleva”.

Por último, alegan el excesivo peso en la puntuación de la experiencia como criterio de adjudicación que “hace que la actividad intelectual quede minorada en su trascendencia; e inadecuada puntuación de la reducción del plazo de entrega”.

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