El alcalde de Punta Umbría declara como investigado por el caso del chiringuito Casa Diego de La Canaleta

El actual alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (UPU), prestó declaración este miércoles como investigado ante el Juzgado de Instrucción 4 de Huelva por permitir la actividad de chiringuitos carentes de licencia a pie de playa en la localidad. Concretamente, por el caso del Casa Diego, en La Canaleta.

Junto a Hernández Cansino, que rehusó hacer declaraciones a los medios de comunicación a su salida de los juzgados, estaba llamada a declarar, también en calidad de investigada, su antecesora en el cargo, la socialista Aurora Águedo, si bien esta ha solicitado un aplazamiento por encontrarse enferma.

La declaración del actual alcalde -y la próxima de Águedo- se producía después de que el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, el juez Javier Pérez Minaya, determinara, tras recabar información de la Policía Local de Punta Umbría, que se constataba "la sorprendente situación fáctica de un chiringuito ubicado en la zona de La Caneleta de la playa de Punta Umbría que carece de concesión para el uso de dominio público marítimo terrestre, y que, por lo tanto (y además), carece de licencia de apertura".

Este hecho, asegura el juez en su escrito, "consta fehacientemente a todas las autoridades locales de Punta Umbría que han intervenido (Policía, Ayuntamiento, alcaldes) y que, sin embargo, han venido a permitir durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno público, causando ruidos y molestias que perjudican, lógicamente, a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso ante una pasividad de la Administración local que sólo puede calificarse de grosera".

Por esto, apunta el magistrado en el auto, ya en la primera fase de la instrucción "se desprenden indicios" de un posible delito de prevaricación administrativa recogido en el artículo 404 del Código Penal, "atribuible a esos alcaldes que han dictado diversas resoluciones que de manera grosera, evidente y clara obvian la legalidad vigente en aras de un supuesto interés general y público que ellos se reservan la potestad exclusiva de apreciar".

Las penas asociadas a este delito son de "inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".

También aprecia el juez un posible delito contra el medio ambiente por ruido, según lo recogido en los apartados 1 y 2 del artículo 325 del Código Penal, "del que sería responsable el titular y responsable de la explotación del chiringuito Casa Diego". El articulado referido contempla para este delito, según los casos, posibles condenas de prisión de entre seis meses y dos años, por un lado, y de dos a cinco años, por otro.

El origen: las denuncias vecinales

La causa tiene su origen en las denuncias presentadas en 2023 por las comunidades de propietarios de los bloques 3 y 4 de La Canaleta, tras las reiteradas quejas elevadas a la Policía Local y al Ayuntamiento de Punta Umbría por los ruidos continuados e incidencias derivadas de la actividad hostelera de Casa Diego, a lo que se suma la falta de permisos para su ubicación y su actividad.

Sin embargo, el auto del juez se abre a recoger más denuncias de los vecinos anteriores al 2023. Al menos, en los últimos nueve años. Además, se hace referencia a providencias y decretos de Alcaldía de 2019 y 2020, con Aurora Águedo como alcaldesa, así como denuncias y escritos informativos de 2024, ya con José Carlos Hernández Cansino como regidor.

Ante esto, además de la reciente citación de Hernández Cansino y Águedo, también fueron citados a declarar en el Juzgado el propietario del establecimiento hostelero y, como testigos, vecinos denunciantes.