El candidato al Congreso de los Diputados por Sumar en la provincia de Huelva Rafael Sánchez Rufo, junto a otros miembros de la candidatura, ha mantenido un encuentro con la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, para abordar "la necesaria mejora" de la financiación pública de las universidades y su colaboración” en temas como la transición energética para este país.

Para Rufo, “la infrafinanciación del sistema público universitario, y el incremento de centros de titularidad privada que promueve la derecha, están llevando a las universidades públicas de nuestro país a una situación muy delicada. En Sumar somos claros: la universidad es un servicio público imprescindible en la producción de formación, conocimiento y cultura, pero también indispensable por su contribución a la cohesión social, a la vertebración territorial y ha de jugar un papel determinante en la necesaria transición social, ecológica y digital”.

Para ello, asegura, es indispensable que “detrás de las universidades públicas este país tenga un Gobierno que crea en ella, que le de la importancia que merece y que, sin duda, ponga a su disposición los recursos que merece”. Por eso Sumar “va a cumplir con la universidad, va a cumplir con esa obligación del 1% del PIB que establece la Ley del Sistema Universitario y quiere más, vamos a por más y por eso no solo vamos a cumplir con ese suelo de inversión del 1% del PIB, sino que nos comprometemos a que esa dotación se incremente año tras año hasta alcanzar en una década el nivel de inversión de las principales económicas de la UE”.

Es decir, en Sumar “estamos convencidas de que hay que corregir esa infrafinanciación y que la universidad debe contar con una financiación justa que sea acorde a la importancia vital que juega la universidad pública, al papel central que ha de jugar en las transformaciones que debe acometer nuestro país, y que garantice que efectivamente la universidad es un servicio público al que todas las personas pueden acceder a la universidad independientemente del dinero que tengan sus familias, de su etnia, de su nacionalidad, género, discapacidad o edad”.

Sánchez Rufo también ha incidido en que hay otras mejoras para el Sistema Universitario Español. “Queremos garantizar que la formación universitaria sea un derecho efectivo, y para ello proponemos un sistema de becas cuyo pago, y esto es muy importante, se hará al inicio del curso académico. Los precios públicos de acceso a la universidad deben ir reduciéndose y tender de manera progresiva a la gratuidad en todo el país, como ya lo es en Andalucía. Y creemos también que es fundamental potenciar la participación estudiantil en la vida universitaria.”

En el centro de la propuesta de Sumar está también las mejoras de las condiciones laborales del personal docente e investigador y también del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios. Sumar viene a acabar con la precariedad y la inestabilidad laboral en la universidad. Y esto “queremos hacerlo poniendo tope a las contrataciones temporales y estableciendo una figura laboral con estabilidad de inicio y que permita la consecución de objetivos”.

En definitiva, “en el proyecto de país que ofrece Sumar la universidad pública tiene un papel protagonista. Sumar viene a garantizar el derecho universal a la formación universitaria, a mejorar el sistema y a acabar con la precariedad y la inestabilidad de su personal. Un modelo muy claro, transparente, comprometido con la universidad pública y que está en las antípodas del modelo de la derecha, de un modelo que como estamos viendo en Andalucía asfixia a la universidad pública y le pone la alfombra roja a las universidades privadas para que la formación universitaria sea un negocio”.

No podemos olvidar “ese recorte obsceno de 135 millones de euros del señor Moreno Bonilla a las universidades públicas andaluzas en lo peor de la crisis, 36 de ellos a la Universidad de Málaga, el recorte a la mitad del presupuesto en Investigación y Desarrollo, o como decía, cómo el PP está abriendo las puertas a universidades privadas, que no cumplen con los estándares de calidad, que tienen varios informes en contra por no cumplir con los mínimos, pero que quieren hacer negocio con un derecho y eso es sagrado para el Partido Popular”.