El SGTH concede a Marsol la limpieza pese a "infringir" el convenio colectivo

Varios trabajadores de Limpiezas Marsol, empresa onubense de dedicada a proveer servicios de limpieza y mantenimiento, denunciaron ayer que el Servicio de Gestión Tributaria haya vuelto a adjudicarle, mediante concurso público, el contrato del servicio de limpieza de sus dependencias en la provincia de Huelva a pesar de que la citada empresa "ha incumplido el convenio colectivo" por reiterados impagos y continuos retrasos desde el año 2014.

Así lo denunció una de las trabajadoras de Limpiezas Marsol, quien considera que la concesión de nuevo del servicio "es ilegal" ya que en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato se recoge, entre otras obligaciones del contratista, "el cumplimiento de todas las disposiciones de carácter laboral y social en relación con el personal a su servicio sujetándose al convenio colectivo en vigor".

En este sentido, la denunciante argumenta que Marsol no debió resultar "nunca" adjudicataria del contrato público, aun cuando su oferta fuese considerada económicamente la más ventajosa, por cuanto "ha incumplido flagrante y reiteradamente el convenio colectivo, lo que nos hace sospechar acerca de qué oscuros intereses habrá detrás de una adjudicación sobre todo teniendo en cuenta que varias veces lo hemos denunciado, tanto públicamente como a los propios los responsables del Servicio de Gestión Tributaria".

En concreto, según la misma fuente, entre los incumplimientos del convenio de la empresa con los trabajadores, por lo que éstos han realizado ya varias movilizaciones de protesta, se hallan el adeudo del 2% de incremento salarial del convenio de 2010 y 2011, la subida del IPC desde 2012, el abono de la bolsa de vacaciones de 2014 y 2015 o el de la paga del pasado mes de marzo, amén de atrasos en las nóminas y la situación de precariedad de muchos compañeros. Una violación que, según la denunciante, constituiría una de las causas de resolución del contrato según recoge el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

"Comenzamos la relación laboral en agosto de 2008 y desde 2014 se está incumpliendo reiteradamente el convenio. La empresa, además, ha cometido un agravio comparativo ya que, por ejemplo, a casi un centenar de trabajadores nos deben la paga de beneficios de marzo, menos a las compañeras que se encargan del servicio de limpieza de la Caja Rural del Sur, las únicas que están al día. A mí no me han pagado ni siquiera mis 15 días de vacaciones o la ayuda de libros correspondiente al curso escolar 2014/15, y los atrasos son constantes ya que, por ejemplo, la paga el mes de julio no la cobré hasta el 1 de agosto", denuncia la trabajadora, para quien el Servicio de Gestión Tributaria, estando al tanto de los incumplimientos, "no debió permitir ni siquiera que se presentase Marsol al concurso", ya que, a su juicio, "no ha habido limpieza e igualdad de oportunidades para las otras empresas que han concurrido al concurso y que sí cumplían los requisitos".

Asimismo, la citada trabajadora, que ha solicitado la baja voluntaria al considerar "insostenible la situación", denunció que ni siquiera el Servicio de Gestión Tributaria informó debidamente a los trabajadores de Marsol de la convocatoria del concurso "ya que la ley establece para este tipo de concesiones que la empresa que adjudica debe informar a los trabajadores subrogados la adjudicación del servicio para que tengan la oportunidad de hablar con la empresa contratista por si no están de acuerdo con las condiciones y poder solicitar un cambio".

"No nos informaron de nada y, de hecho, nos enteramos ya de todo una vez que estaba adjudicado el servicio", argumenta la empleada, que anunció que va a interponer una demanda administratriva contra el Servicio de Gestión Tributaria por la adjudicación de dicho contrato público "a una empresa deudora", lo que, "además de ilegal -en su opinión-, es éticamente reprochable tratándose de una administración pública que debe dar ejemplo".

La infracción del convenio por reiterados impagos y continuos retrasos -apostilla- no es exclusivo, sin embargo, de Limpiezas Marsol, ya que afecta también a la empresa de vigilantes de seguridad Templar, integrada en el mismo grupo empresarial, cuyos trabajadores se han manifestado en varias ocasiones desde el pasado mayo denunciado la insolvencia de la empresa y el incumplimiento del convencio colectivo, especialmente mediante reiterados rerasos en el cobro de sus nóminas desde diciembre de 2014.

Por su parte, fuentes de la empresa contratista rehusaron ayer hacer declaraciones a este periódico y lo emplazaron a la próxima semana alegando indisponibilidad de sus responsables.

El contrato de prestación del servicio de limpieza de las dependencias del Servicio de Gestión Tributaria en Huelva, anunciado el 1 de junio en el BOE y el 4 de junio en el BOP, fue adjudicado a Marsol el 22 de julio por un importe de 244.783 euros y tiene un plazo de duración de dos años pero prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes por períodos sucesivo de un años hasta un máximo de dos prórrogas, por lo que el montante total del mismo podróa ascender a medio millón de euros.

El contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada de cuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtudl decual cual el contratista debe justificar su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, además de hallarse al corriente del cumplimieto de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.