El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) es un recurso público regional, de carácter universal, gratuito y coordinado por la Consejería de Justicia que informa, asesora, protege y apoya a los perjudicados por delitos, al tiempo que minimiza los efectos de la victimización secundaria. A él puede recurrir cualquier ciudadano residente en la comunidad autónoma, incluso antes de presentar una denuncia.

Desde su puesta en marcha en Huelva en el mes de julio de 2002, el SAVA está gestionado por la cooperativa andaluza de interés social Atenin y ha atendido a 24.090 personas en sus 17 años de existencia, una media de más de 1.400 usuarios al año. Entre enero y el pasado 30 de septiembre había prestado su ayuda a 846 onubenses (136 hombres y 677 mujeres), 43 de ellos menores de edad.

"Somos un servicio de asistencia a las víctimas que padecen cualquiera de los delitos del Código Penal", remarca el coordinador del SAVA en Huelva, Fernando Moreno. Pero no solo a ellas, sino también a sus familiares o allegados o a aquellas personas que hayan sufrido daños al asistir a las víctimas directas del delito en el momento de la comisión del ilícito penal.

En total, los expertos del servicio autonómico han realizado en lo que va de ejercicio 4.230 actuaciones, 2.775 de ellas de ámbito general (815 seguimientos de los casos, 370 contactos con otros organismos o entidades y 161 acompañamientos a denuncias, comisaría o juzgados, entre otras), 979 del plano jurídico, 284 del social y 192, del psicológico.

El 49% de las remisiones al SAVA provienen de los órganos especialistas en Violencia sobre la Mujer (268). Este año las víctimas han sido 546, de las que 487 (el 89,2%) son mujeres y 59, hombres. El 45,6% (249 damnificados) tiene entre 30 y 44 años, está casado (124, el 22,7%), posee un nivel de estudios primario (271, el 49,6%) y se encuentra en situación de desempleo (395, el 72,3%).

Juguetes para los menores en la sala de intervención del SAVA de Huelva.

Además, la mayor parte vive en la capital de la provincia (395, el 72,3%) y mantiene o ha tenido una relación afectiva con el autor de los hechos: en el caso de 111 de las víctimas era de pareja (22,5%), de excónyuge en 132 (26,8%) y de cónyuge en 79 (16%).

Siete de cada diez han denunciado el ilícito sufrido (384 víctimas), mientras que los perjuicios ocasionados fueron en cuatro de cada diez de carácter psicológico y en el 27,6%, físicos.

Los delitos contra la integridad moral y de torturas significan el 43,7% del total abordado en lo que va de año. Les siguen los que se producen contra la libertad, que son el 12,6%, y los de lesiones, que han supuesto el 11,7%.

Los siete profesionales que integran el SAVA desarrollan buena parte de su labor en el área de la violencia doméstica, tanto la de género como en la filioparental, aquella que por regla general se da de hijos a padres. "Normalmente las madres sufren mucho en este tipo de violencia porque es muy difícil tomar la decisión la de denunciar a un hijo; nosotros las ayudamos", señala Moreno.

Por regla general, estos casos se refieren a hijos adultos que ejercen la violencia contra sus padres y en los que se suelen dar dos circunstancias clave: "El consumo de drogas unido a un trastorno mental".

Una de las especialistas del SAVA recoge unos dibujos infantiles.

Las agresiones sexuales arrojan una "cifra oscura: la mayor parte de ellas no se denuncia, y las masculinas menos todavía", apunta el coordinador del SAVA. Porque este servicio –que tiene sus instalaciones en la quinta planta del Palacio de Justicia de Huelva– se encarga específicamente de estas últimas, ya que hay otros equipos que tratan a las víctimas femeninas y a las menores de edad.

"Las que nos llegan de hombres que se denuncian se refieren a personas con discapacidad, en las que son sus familiares los que denuncian el asunto y demandan nuestra asistencia".

En estos casos también se suele atender a los allegados al perjudicado, "que sufren ansiedad porque sienten que no han sabido defender a la víctima, protegerla de la agresión sexual", apostilla. La clave está en "no revictimizar a la víctima y que ellos ayuden a su recuperación".

En el supuesto de los delitos de sangre, los especialistas del servicio autonómico trabajan con los familiares "el duelo, desde la afectación a la recuperación; hay que tener en cuenta que no todo el mundo siente de la misma manera ni lleva el duelo igual que otro". En unos asuntos "acompañamos a la familia durante todo el proceso, en otros, solo durante el juicio".

Los asuntos que Fernando Moreno más recuerda, por lo largos que fueron los juicios y la intensidad de la relación con los familiares, son los de Mari Luz Cortés y Miguel Ángel y María Domínguez (crimen de Almonte).