Operación Vernum: 562 captaciones y 146 balsas de riego detectadas

Huelva/El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva activó en 2012 -tras recibir la Fiscalía la denuncia de WWF sobre la extracción ilegal de agua en el entorno de Doñana- la llamada operación Vernum. Significa primavera en latín, como especificó a Huelva Información el teniente que inició la operación al frente del Seprona -aunque ahora desempeña su labor en Europol-, José Antonio Alfaro. Vernum es, al mismo tiempo, el nombre que recibe el acuífero 27, que abastece al parque nacional.

Aunque todavía permanece activa y no se clausurará hasta que el Ministerio Público y los jueces dejen de requerir a los agentes especializados en la extracción ilegal de agua, la fase operativa finalizó en 2014, momento en que "se inspeccionó todo y se revisó toda la documentación", apunta Alfaro. Él estuvo al frente de esa ardua fase inicial, orquestando la labor de seis "magníficos agentes" que llegaron a escudriñar "palmo a palmo" todo el entorno de Doñana "buscando balsas, pozos y conducciones".

En total, Vernum se saldó con 5.350 kilómetros recorridos y 1.375 horas de servicio invertidas, según consta en el documento Algunas cuestiones prácticas sobre los aspectos penales de la extracción ilegal de agua del ámbito del espacio natural de Doñana, elaborado por el fiscal delegado de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, quien destaca en el mismo la "capacidad de trabajo y sacrificio" del Seprona, al que, "si algo podemos reprocharle, es el exceso de celo y entusiasmo".

En ese bienio y "con la colaboración de los agricultores, que siempre nos han tratado muy bien", en opinión de Alfaro, el equipo del Seprona logró detectar 562 captaciones (pozos, sondeos, socavones...) y 146 balsas de riego.

El trabajo de campo se centró en explotaciones agrícolas de cuatro zonas de la periferia del parque nacional: Matalagrana, la laguna de las Madres, la cabecera del arroyo La Rocina y el arroyo de la Cañada, detalladas previamente en su denuncia por la organización ecologista WWF.

La inspección abarcaba fincas de cinco municipios: Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer. Centrada en principio en las áreas denunciadas, "su desarrollo ha determinado que aparecieran otras zonas que también han sido inspeccionadas por detectarse situaciones similares a las que eran objeto de investigación".

En la fase operativa de Vernum se identificaron al titular (propietario y/o arrendatario), la extensión y el tipo de cultivo, los medios de riego y si los mismos contaban o no con autorización. José Antonio Alfaro explicó al respecto que "cada caso es independiente porque esto no es una red organizada, sino que cada persona ha hecho lo que ha hecho", por lo que se han abordado de forma individual, con la excepción del de Matalagrana, que engloba a varios propietarios.

Utilizando documentación catastral y municipal y, sobre todo, medios técnicos -como fotografías digitales y ortofotos- cotejados con la planimetría del Potad "se identifican los medios de riego e, incluso, en algunos casos (balsas de riego) su antigüedad aproximada". El equipo humano del Seprona señaló para cada finca-titular si existía o no concesión para el agua de riego y si los pozos-sondeos estaban en uso y tenían o no contadores.

Alfredo Flores destaca la "diplomacia y buen hacer" de los agentes, capaces de lograr que un asunto polémico "se haya saldado sin un solo incidente grave en las inspecciones". Hay que tener en cuenta, remarca el fiscal, que la agricultura de frutos rojos es uno de los motores económicos de la provincia y que su facturación se acerca a los 1.000 millones de euros y da empleo a miles de personas. "Podemos entender la dificultad de cumplir con lo ordenado por la Fiscalía y al mismo tiempo evitar un conflicto social de imprevisibles consecuencias".

De las conclusiones del operativo se desprende que "en casi todos los casos, el riego de plantaciones para frutos rojos carece de autorización-concesión de la Administración Hidráulica competente". Además, los sondeos adolecían de contadores volumétricos para conocer la cantidad de agua extraída, aunque se han instalado con posterioridad. Actualmente el Seprona realiza inspecciones periódicas para velar por el cumplimiento de la legalidad.

Especial mención, por su elevado nivel de colaboración e implicación en el cumplimiento de la ley, merece para la Fiscalía y la Guardia Civil el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, sobre todo ante un panorama de "pasividad general de las administraciones competentes: la municipal por no controlar debidamente el uso de sus parcelas canon, y la hidráulica por la escasa efectividad de sus sanciones y precintos de pozos-sondeos".

Flores remarca el papel de las comunidades de regantes, a los que requiere como "garantes de la legalidad del riego y leales colaboradoras de la Administración". Por último, se apunta a la necesidad de una mayor cooperación con los agentes de medio ambiente, la guardería rural de los pueblos y la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Junta de Andalucía.