El Juzgado de Instrucción 4 de Huelva ha desimputado al funcionario de la Oficina de Extranjeros onubense detenido a finales del año pasado por su presunta relación con una organización criminal dedicada a introducir en España a ciudadanos vietnamitas que luego eran explotados en centros de manicura, llevada a cabo por la Policía Nacional y Europol.

Los investigadores apuntaban al empleado público onubense, de baja médica desde que se produjo el arresto, como la persona que "aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos para obtener fraudulentamente una autorización de residencia y trabajo por arraigo social".

Ahora el magistrado Javier Pérez Minaya, que instruye la parte onubense de la causa (en la que hubo 37 detenidos en todo el territorio nacional), ha decretado el sobreseimiento provisional de la misma, tal y como ha podido saber Huelva Información en primicia y como confirman a este periódico desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al funcionario se le imputaba un delito de falsedad documental. En el auto fechado el 24 de junio, el titular del Instrucción 4 de Huelva argumenta el sobreseimiento diciendo que no había resultado "debidamente justificada la perpetración del delito por falta de prueba". No obstante, contra esta resolución judicial cabe recurso, por lo que por el momento no es firme.

Como indicó el pasado diciembre el Cuerpo Nacional de Policía, a esta red se le atribuía la explotación de 730 personas. En el comunicado se detallaba que la organización tenía su infraestructura principal en Barcelona y que el método para introducir a los migrantes vietnamitas era el uso fraudulento de los procedimientos de protección internacional y de Menores Extranjeros No Acompañados (Mena), iniciados en puestos fronterizos como los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

La red presuntamente cobraba por persona traficada unos 18.000 euros, logrando, según calculan los investigadores, una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros desde enero a noviembre de 2018. Para abonarlos, los afectados pagaban en efectivo, con trabajo no remunerado o con cesión de tierra y propiedades en el país de origen.

La banda encerraba a las víctimas en zulos y las sometía a jornadas laborales interminables y a un férreo control de movimientos

La investigación comenzó al inicio del pasado ejercicio, después de detectarse el aumento de solicitantes de Protección Internacional y del protocolo para Mena en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que nunca continuaban con el expediente administrativo sino que buscaban acceder a territorio Schengen.

Viajaban desde Vietnam hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.

Los detenidos daban un "trato humillante" a las víctimas por las condiciones de su alojamiento y trabajo en las viviendas de la organización: los encerraban en pisos, a veces en zulos a los que se accedía por una trampilla, y los sometían a jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimientos.

Los investigadores mantienen que la red conocía la legislación, tenía un elevado nivel de "profesionalidad y especialización" e instruía a sus víctimas sobre todos los pasos a seguir para quedarse en España.

Para el tráfico, se formaban grupos de entre seis y 12 personas con un líder que hacía el viaje con ellos, y se facilitaba un teléfono móvil a cada migrante con el mismo modelo y color para contactar a su llegada con la organización.

Los que eran considerados menores no acompañados por la administración se fugaban del centro de menores y acudían en taxi o transporte público hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal, explicó entonces la Policía.