Huelva puso ayer el punto final a la vigesimonovena edición de las Jornadas de Jueces Decanos de España, un cónclave que se ha desarrollado durante tres días en la Casa Colón y en el que se han debatido los asuntos que concitan más interés para la judicatura. De él ha resultado un compendio de conclusiones que se traducen en propuestas que "elevaremos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mejorar la Justicia", como indicó en la clausura el decano de los jueces onubenses, José Manuel Borrero, que estuvo acompañado por el presidente de la Audiencia onubense, Antonio Pontón.

En el primer punto de la resolución anual, el dedicado a la modernización de la Justicia y la actualización de la planta judicial, los participantes recalcan que "urge instar reformas procesales para afrontar los pleitos masa". Aquí se detienen en los de cláusulas abusivas, esos que al término del primer semestre de este año habían provocado el colapso de los juzgados de Primera Instancia 8 y 6 Bis de Huelva, donde las demandas por resolver eran más de 6.500.

La junta nacional de jueces decanos subraya en este sentido la "precariedad" y la "carga insoportable" que padecen estos órganos, a los que en Huelva ha habido que sumar una tercera juez de adscripción territorial como refuerzo para desatascarlos.

Como la previsión es que no se produzcan mejoras a corto plazo, "exigimos que se dé cumplimiento a la palabra que empeñaron tanto el ministro de Justicia como el presidente del CGPJ, en el sentido de asignar o designar un juez de refuerzo más por cada 800 nuevos asuntos, incluso recurriendo a los sustitutos externos en caso de ausencia de titulares; así como los medios materiales y personales necesarios".

Los representantes democráticos de los jueces de España consideran que "debe seguirse el procedimiento como reclamación de cantidad, con las consecuencias consiguientes en cuanto a costas y recursos", y ven necesario "establecer en estos supuestos la mediación obligatoria limitada".

Borrero achaca parte de la problemática a las "propias entidades bancarias", que no están por la labor de cerrar acuerdos antes de llegar a los tribunales.

La juez de refuerzo se está encargando de sacar adelante los juicios del Primera Instancia 8 para reducir la dilación de los señalamientos, que ya van por finales de 2021. Más adelante ayudará a la titular del Juzgado de Primera Instancia 6 Bis (que ya no recibe nuevas demandas) "hasta que podamos cerrarlo", puesto que la vocación de este apéndice del sexto órgano civil es la de desaparecer.

José Manuel Borrero expuso que "para poner esto al día harían falta, por lo menos, dos jueces de refuerzo o en comisión de servicios".

El decano de los jueces de Málaga, José María Páez, leyó la conclusión por la que se reclama una nueva Ley de Planta y Demarcación y se expresa el "absoluto rechazo" a la exoneración –por parte del poder ejecutivo– "de toda obligación de creación de juzgados (y su absurdo límite)", que establece que no se creará un nuevo órgano de forma automática si no se supera en un 30% el módulo durante cinco años. También se aboga por la "comarcalización" de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Aner Uriarte, decano de la judicatura de Bilbao, puso voz al capítulo del Estatuto Personal de los Jueces, en el que se pide una actualización de las retribuciones, especialmente de las de las guardias, o que se fije un baremo de las cargas de trabajo que deben soportar, entre otros.

José María Páez, Antonio Pontón y José Manuel Borrero, ayer en la clausura.

El "desconcierto del expediente digital" estuvo razonado por el decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien manifestó que tiene "diferentes velocidades y diversidad de medios según los territorios, y esto no es admisible para un poder del Estado".

Los jueces abogan además, por los formularios de entrada telemáticos y por "medios técnicos precisos" que posibiliten en las grabaciones de la fase de instrucción "la transcripción automática de lo declarado, de forma que no se causen disfunciones y se posibilite la fase de juicio oral". Hay que recordar que en el caso Laura Luelmo un cable mal enchufado impidió la grabación de la voz de Bernardo Montoya y de otros testigos.

Francisco José Guerrero, decano de los jueces de Sevilla, abordó la "revisión de la regulación de las Juntas de Jueces, tanto generales (incluso provinciales) como sectoriales". La cuestión es tan trascendente que "solicitamos del CGPJ que convoque un encuentro específico para la discusión y aprobación de este Reglamento".

El capítulo de humanización de la Justicia recayó en la decana de Hospitalet de Llobregat, Lidia Ureña, quien destacó la necesidad de implantar oficinas de atención a las víctimas (como el SAVA andaluz) en toda España. En paralelo, quieren que se acerquen a las personas con discapacidad sistemas como la "lectura fácil" para que comprendan los documentos judiciales, que se incorpore a un magistrado en los gabinetes de prensa o que se instaure la figura del "coordinador de parentalidad".

Finalmente, todos mostraron su "total apoyo, afecto y solidaridad con los jueces y juezas que ejercen su labor en todos los juzgados de Cataluña, en defensa del cumplimiento de la legalidad".