Huelva

Colapso en los juzgados de las cláusulas abusivas: más de 6.500 casos por resolver

  • El Primera Instancia 8 y el 6 Bis señalan ya los juicios para finales del año 2021

  • Los jueces solo han podido dar salida a 20 de cada 100 procedimientos en el primer semestre

Expedientes amontonados en uno de los juzgados de Huelva.

Expedientes amontonados en uno de los juzgados de Huelva. / Alberto Domínguez (Huelva)

En 2017 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió centralizar en un solo órgano por provincia los asuntos de cláusulas abusivas relacionadas con los préstamos hipotecarios. Por ello se creó en junio de hace dos años el juzgado provisional de Primera Instancia 6 Bis de Huelva, que no tuvo titular hasta el mes de septiembre de aquel ejercicio y que dio sus primeros pasos con un ingente volumen de asuntos que auguraban su congestión.

En julio del año pasado se puso en marcha el Juzgado de Primera Instancia 8 de Huelva, con vocación de ser el definitivo para estos casos y que se ha complementado con el 6 Bis para sacar adelante los procedimientos. Pero no ha sido suficiente.

Como puede observarse en la estadística Efecto de la crisis en los órganos judiciales del CGPJ, a la que ha accedido Huelva Información, estos dos órganos judiciales capitalinos han cerrado el primer semestre de este año con 6.572 asuntos irresolutos. Esto ha obligado a la incorporación hace solo unas semanas de una magistrada de refuerzo, dos manos más cuyo trabajo se dejará notar de modo positivo en venideras estadísticas.

El decano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, señala a la cifra de expedientes en trámite como "una monstruosidad, una auténtica barbaridad que entiendo que no debería existir" y que achaca a algunas entidades bancarias "porque no llegan a acuerdos y juegan con esa tardanza judicial para pagar más tarde" a los clientes que los han demandado.

Lo cierto es que solo en la primera mitad de este año los dos juzgados que recepcionan las demandas de cláusulas abusivas en las hipotecas han ingresado 1.543. Son unos mil asuntos menos que en el mismo plazo del ejercicio 2018, pero están por encima de la capacidad de resolver los expedientes que han mostrado los órganos civiles número 8 y 6 Bis entre los meses de enero y junio: 1.337 en total. Es decir, que ingresaron 8,5 demandas diarias y solo pudieron dar salida a 7,4.

Para acabar de un plumazo con el acumulado, cada magistrado debería dejar finiquitados 18 procedimientos cada día, trabajando incluso los fines de semana y los festivos. Una misión imposible. De hecho, en el primer semestre de este año no han podido solventar más que 20 de cada cien casos acumulados.

Puerta de acceso a la oficina judicial del Instancia 8 de Huelva, en el Palacio de Justicia. Puerta de acceso a la oficina judicial del Instancia 8 de Huelva, en el Palacio de Justicia.

Puerta de acceso a la oficina judicial del Instancia 8 de Huelva, en el Palacio de Justicia. / A. Domínguez (Huelva)

Fernando Vergel considera que el único remedio para aplacar esta situación pasa "por volver a lo de antes y extender la jurisdicción a todos los juzgados o crear el tercer órgano judicial" dedicado a estos menesteres.

El decano de los letrados onubenses evidencia que si el Primera Instancia 6 Bis "deja de recepcionar mañana mismo las demandas, le quedarán todavía entre tres y cuatro años de trabajo por delante" para zanjar todo lo que tiene encima de la mesa.

Los señalamientos de los juicios son un buen termómetro de la situación que viven estos juzgados onubenses. La fecha para la celebración de las vistas orales va ya por finales de 2021. La media de espera para que se resuelva la demanda del consumidor puede estar entre dos años y medio o tres años.

El embotellamiento de los órganos con competencias en cláusulas hipotecarias abusivas ya es patente, pero puede ir a peor, como advierten a este diario abogados expertos en la materia. Se está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Podría declararlo poco transparente y abrir otra puerta a los consumidores para demandar a los bancos. Y serán los jueces con estas competencias en la provincia los que tendrán que conocer de estos asuntos. Más leña al fuego del colapso judicial de los órganos de cláusulas.

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