Pedro Pérez, de 77 años, fue asesinado en su chalé de Matalascañas sobre las 23:00 del 13 de mayo de 2015. Lo habían torturado para robarle. Hay tres personas en prisión preventiva por este asunto: dos hombres, C.R.M. y M.C., y una mujer, O.G.L. Todos se enfrentan a 25 años de prisión por robo con violencia en casa habitada y asesinato, los dos primeros como autores y la última como cooperadora necesaria del robo y autora del crimen.

De ella dice la Fiscalía en su escrito de acusación que mantenía una relación "de amistad" con Pedro y "acudía con frecuencia a visitarlo, mantener relaciones sexuales y ayudarlo con las tareas domésticas, recibiendo por ello una gratificación económica". El Ministerio Público estima que fue O.G.L. quien "puso al corriente de las circunstancias de la vivienda y de la existencia de una caja fuerte de gran tamaño en el pasillo de la casa, oculta tras un cuadro, a los otros dos procesados".

La acusación pública entiende que mientras ellos perpetraban el asalto y sodomizaban al anciano, ella "permaneció en la casa escuchando los gritos y quejas de Pedro sin hacer nada para impedirlo".

Cuando la Guardia Civil interrogó a O.G.L. unos días después del 15 de mayo de 2015, fecha del hallazgo del cadáver, ella manifestó que la última vez que había estado con él fue en la tarde del 12 de mayo, es decir, en la jornada anterior al asesinato. Pedro Pérez le había prestado 300 euros.

El análisis realizado por el Instituto Nacional de Toxicología a una toalla color salmón con varias manchas de sangre dio como resultado que tres de las gotas correspondían a la mujer, que acabó siendo detenida en Madrid y enviada a prisión por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de La Palma del Condado el 17 de febrero de 2016.

Cuchillo hallado entre los cascotes desparramados por la casa del crimen de Matalascañas

El abogado de O.G.L., Alberto Mondaca, señala a Huelva Información que este vestigio "no es indicio de la participación en el homicidio" de su representada, puesto que ella "tenía relaciones sexuales con él, se duchaba y se aseaba en si casa, y ha sangrado en varias ocasiones (por afeitarse, sangrado por la nariz, menstruación, relaciones sexuales violentas, etcétera) en casa de Pedro Pérez, usando la toalla para secarse o limpiarse zonas por las que sangraba".

El letrado subraya que "nunca hemos negado que la sangre en la toalla fuese de O., pero lo único que prueba el análisis del ADN obtenido de las manchas de sangre es que estuvo en el inmueble donde cometió el crimen, pero no prueba ni que estuviera en el momento en que éste se cometió ni que fuera ella quien lo hizo". Es más, afirma que la víctima "no lavaba sus toallas y su ropa de cama, sino que las colgaba directamente en el tendedero", por lo que cabría la posibilidad de que esas manchas de sangre "estuviesen ahí desde finales de diciembre de 2014", cuando ella recuerda que se secó diferentes partes del cuerpo tras los sangrados.

La defensa remarca que desde el inicio de la instrucción se mantuvo que la sangre provenía "de una salpicadura por un corte". Peleó duro hasta conseguir que la Audiencia autorizara una nueva pericial sobre las características de la sangre, un informe de Toxicología que llegó en abril de 2018 y que determinaba que "las manchas observadas en la toalla se acercan más a manchas por impregnación que a otro tipo de mancha", así como que "no parece probable" que sean salpicaduras porque "no siguen el patrón característico de una proyección".

Mondaca observa que "en ningún momento se dice que la sangre sea cercana a la fecha del hallazgo en la toalla", amén de ratificar que una mancha así "puede perdurar años y años" en cualquier prenda. Esto, afirma el letrado, "es válido para excarcelar a O.G.L.", pero el juez le ha denegado la libertad. Está convencido de que en la causa "no existen motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a mi defendida".

Agrega que su cliente y los otros dos investigados "no se conocían de nada" y que en la causa no ha quedado acreditado que exista ninguna conexión entre ellos.

Alberto Mondaca expondrá todos estos argumentos en el venidero escrito de defensa, pero también pone de relieve que "la pobreza es capaz de acercar a un inocente a la cárcel y la riqueza es capaz de alejar a un culpable de la cárcel". Porque el togado considera que su representada sigue en prisión porque "es pobre" (se veía abocada a prostituirse para mantener a su hija de siete años) y no puede pagar las contrapericiales que vendrían a refrendar su inocencia.

De hecho, asegura a este diario que ha solicitado a la autoridad judicial una ampliación del informe técnico de la Guardia Civil sobre el posicionamiento de los teléfonos (desestimado por el instructor y por la Audiencia) y la práctica de otra prueba relativa a las localizaciones de las viviendas de O.G.L. y de la víctima, así como de los repetidores telefónicos (también desestimadas). Los tribunales alegan que estas diligencias las podría llevar a cabo "la propia parte".

Por ello el letrado lamenta que "si una persona es pobre, aunque esté en juego su libertad por muchísimos años, no puede hacer nada por obtener esa prueba", y se muestra sorprendido por la acusación realizada contra su defendida, "pues en ningún lado de los autos consta que O. hubiese planeado el robo y que estuviese en la casa durante el hecho violento".

Finalmente, estima que el juicio se celebrará pasado el verano y que, aunque su cliente es "realmente inocente, es probable que se la declare culpable por no haberse defendido adecuadamente por la ausencia de recursos económicos con la que aportar informes periciales privados a la causa".