El 27 de abril está tatuado a fuego en la piel de la provincia onubense como uno de los días más negros de su historia. Fue aquel sábado de 2013 cuando Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de ocho, fueron asesinados de la manera más cruel que se recuerda en España.

En la intimidad de su casa de la avenida de los Reyes de Almonte, cuando los dos se disponían a salir a cenar y disfrutar de la noche de primavera, un infame criminal les arrebató brutalmente la vida. A él, a quien sorprendió desnudo e indefenso antes de entrar a la ducha, le asestó 49 cuchilladas a sangre fría; a la pequeña, que en lugar de huir fue a por un cuchillo a la cocina para ayudar a su padre, más de un centenar.

Ocho años han pasado ya desde que aconteciera el doble asesinato. Ocho, los mismos que tenía María. Ocho años sin consuelo para sus familiares y amigos, quienes además de la pérdida irreparable de sus dos seres queridos han sufrido un auténtico calvario judicial que todavía no ha terminado.

Por estos hechos se juzgó el septiembre de 2017 a Francisco Javier Medina, almonteño y amante de la mujer y madre de las víctimas, Marianela Olmedo. Un jurado popular lo declaró no culpable de los crímenes.

A partir de entonces, los Domínguez Olmedo emprendieron la travesía en el desierto que supuso para ellos el periplo judicial del caso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Ninguno revocó la sentencia absolutoria ni les ofreció la respuesta que esperaban.

En enero de 2019 se reabrió la causa en el Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado, un procedimiento en el que Francisco Javier Medina quiso estar personado a toda costa. Primero como acusación particular, a lo que la Justicia se opuso porque "no es perjudicado"; después como acusación popular –en tándem con sus hermanos Juan y David, y con sus primos Isidro Medina y Manuel Jesús Blanco–, deseo que truncó la Audiencia de Huelva el año pasado por considerar que no perseguían el interés general, "sino un interés exclusivamente personal" del absuelto.

La pequeña María con el perrito Casul, un mes antes de los hechos.

El hermano y tío de las víctimas, Aníbal Domínguez, sigue activo en esta lucha sin cuartel por hacer justicia de una vez por todas a Miguel Ángel y María. En declaraciones a Huelva Información, señala que "estas familias, después de ocho años sumergidas en el ostracismo, pueden decir con rotundidad que no hay justicia, sólo límites. Límites, muros, barreras que el propio sistema se ha encargado de plantarnos delante, ahogándonos en vida".

Es por ello que "no nos queda otra que repetir que, cada minuto que pasa, la memoria de María y Miguel Ángel se manifiesta para recordarle al Estado que tiene una deuda grave pendiente con ellos". A juicio de Domínguez, "un Estado ciego y sordo que mantiene inconclusos casos como este no deja de ser un Estado envilecido y salpicado por la sangre de dos seres inocentes".

A la investigación reabierta en el Instrucción 1 palmerino se incorporó recientemente el resultado de las pesquisas llevadas a cabo por un nuevo equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que concluyó que el asesino de María y Miguel Ángel es un conocido "resentido" con las víctimas.

Los nuevos investigadores aseguraban en su informe que, tras analizar pormenorizadamente el caso, no pueden "descartar ni contradecir" las tesis del equipo policial que arrestó al absuelto. Es más, añadían que "no se han obtenido datos objetivos" que motiven la "apertura de una nueva línea de investigación o profundizar en las descartadas anteriormente", es decir, que no hay razones para explotar una vía distinta a la que derivó en el arresto de Medina en 2014.

La familia pide que se agilice el análisis de la manta que cubría el cuerpo de la niña

En este sentido, Aníbal Domínguez enfatiza que "la UCO ha hablado por dos veces y en el segundo informe dice literalmente que no puede ‘descartar ni contradecir las conclusiones y resultados de la anterior investigación’. Eso, sin tener que tener dos dedos de frente siquiera para comprender el significado de lo que quiere decir, es un aldabonazo estruendoso en la puerta del sistema judicial".

La cara visible de los Domínguez Olmedo se pregunta, a tenor de este resultado, si "va pasar algo al respecto". Porque entiende que "un sistema tan garantista puede constituir también un auténtico peligro para la propia seguridad ciudadana y hay infinidad de casos que así lo demuestran". Abundando en los resultados arrojados por la Benemérita, señala que "los investigadores han dibujado un perfil muy cerrado y concreto del autor y encima dicen lo que acabo de comentar en su segundo informe. Todo ello constituye un escándalo".

Miguel Ángel Domínguez, asesinado en abril de 2013.

La familia de los almonteños asesinados tiene ahora las miras puestas en la manta con la que el asesino cubrió el cuerpo de María después de matarla. La instructora del caso, Virginia Sesma, ordenó en diciembre de 2019 al Instituto Nacional de Toxicología que analizara esta prenda en profundidad por si pudiera localizarse algún resto biológico del criminal.

Preguntado por si existe algún avance en esta cuestión, Aníbal Domínguez realiza un llamamiento para que "en la medida de lo posible esa práctica pudiera agilizarse, ya que el caso no requiere menos, y más después de tanto tiempo de espera". Han pasado ya un año y cuatro meses desde la remisión a Toxicología de la manta y a la familia se le agota la paciencia.

Finalmente, el hermano y tío de las víctimas del crimen de Almonte señala que "para nosotros, la justicia ni está ni se le espera. Solo dependemos de un gesto, de una llamada, de un traspiés, de una confesión. Mendigar por justicia es triste y lamentable en un Estado como el nuestro. Y la Justicia tiene una deuda pendiente y eterna con María y Miguel Ángel".

La realidad, ocho años después de aquel sangriento 27 de abril de 2013, es que no se ha reparado a las víctimas de este doble crimen atroz. Y que un asesino sin escrúpulos anda suelto.