En la provincia de Huelva se han registrado 150 protecciones temporales a ciudadanos de Ucrania. En total, son 202 las personas de nacionalidad ucraniana que la han solicitado, entre ellos 98 mujeres, 16 hombres y 85 niños, según los datos más actualizados por la Subdelegación del Gobierno.

Este viernes se ha reunido en su sede la recién constituida Comisión Provincial para desarrollar el Plan Integral de acogida para refugiados ucranianos en Huelva, que ha celebrado su primera reunión tras su constitución. La integran representantes de las administraciones estatal, autonómica y local, que mantendrán reuniones periódicas para un seguimiento exhaustivo.

Ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo y han asistido el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano, el jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Victorio Pedro Rodríguez, jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, del CNP, Javier Velasco, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Andrés López; jefe de la Unidad de Policía Autonómica, Juan León, Secretario General de la Subdelegación, Manuel Iglesias; Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Antonio Alvarado, además de representantes de las entidades sociales y ONG Cruz Roja Accem, Cepaim, y Huelva-Acoge.

El objetivo es la coordinación entre las distintas administraciones, con objeto de adaptar los recursos públicos disponibles con las necesidades de las personas desplazadas. CEAR, Cruz Roja y Accem son las asociaciones designadas por el Ministerio de Inclusión para la atención y acogida de ucranianos en Andalucía, para quienes se tienen identificadas actualmente unas 3.100 plazas entre las ofrecidas por el Estado y por la comunidad autónoma. En concreto, en Huelva es Cruz Roja es la entidad financiada por el Ministerio de Inclusión para esa atención y acogida inmediata en la provincia.

La función principal de esta Comisión es ofrecer una respuesta coordinada, ágil y efectiva a cualquier situación que se pueda identificar con la llegada y recepción de ucranianos, así como abordar las previsiones de llegadas y su recepción en la provincia, atendiendo a la singularidad de cada uno de los casos.

Estas comisiones se enmarcan en el Plan Integral de acogida que centraliza la atención en cuatro grandes centros en España dependientes del Ministerio de Inclusión, uno de los cuales se va a ubicar en la provincia de Málaga ya que es la provincia andaluza con mayor número de población ucraniana.

Estos centros se encargarán de la recepción y orientación inicial, disponiendo de alojamiento; atención y documentación para la obtención de la protección temporal y, por último, derivación a las plazas más adecuadas en función de su situación personal y en cualquier punto del territorio nacional, ya sean del sistema estatal, plazas autonómicas o en acogida familiar.

Manuela Parralo ha destacado que “esta Comisión es la manera más efectiva para coordinar una rápida respuesta del Gobierno de España en esta crisis humanitaria, habilitando mecanismos que permiten atender y asistir a los refugiados, adaptando los recursos públicos a las necesidades de los desplazados con eficiencia y pragmatismo”. La subdelegada ha animado a los ucranianos a realizar el trámite de la protección temporal que se tramitará en el menor tiempo posible en la Oficina de Extranjería de las comisaría de Policía Nacional. 

Todas las protecciones conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, trabajo tras la activación, el pasado 9 de marzo del procedimiento de urgencia. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtengan la protección temporal, podrán utilizar legalmente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, firmaron el pasado 9 de marzo la orden por la que se desarrolla el procedimiento de urgencia para el reconocimiento de la protección temporal. Ese procedimiento da respuesta al acuerdo alcanzado el 4 de marzo por el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea para activar, por primera vez en la historia, la Directiva Europea de Protección Temporal.