El incendio declarado el 3 de julio del año pasado en Minas de Riotinto arrasó 800 hectáreas de arbolado y pastos y obligó a evacuar el centro para personas discapacitadas Aspromín, de la vecina localidad de El Campillo. Prácticamente la mitad de la superficie afectada por el fuego, 388,7 hectáreas para ser precisos, forman parte de la finca campillera La Cerezuela, que gestiona la empresa Ingeniería Agroalimentaria del Sur SL. Y esta ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial con la que exige -por vía judicial- que la Universidad de Huelva (UHU) y el Ayuntamiento de Riotinto la indemnicen con "más de cinco millones de euros".

Así consta en el documento elaborado por el despacho onubense ATO Abogados, al que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información, un texto en el que se apunta directamente -con constantes referencias al informe técnico-pericial elaborado por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- a la responsabilidad de la Onubense y el Consistorio riotinteño en el origen y la propagación del fuego por el terreno de La Cerezuela.

El desastre se inicia en el casco urbano pero las pavesas de palmeras lo extienden al campo

El punto de inicio de las llamas, tal y como refiere la Brigada en su pericial, se localizó en la zona este de la Casa Consejo del barrio inglés de Bellavista, un Bien de Interés Cultural (BIC) que pertenece a la Universidad. Este incendio urbano que afectó al jardín del inmueble protegido "fue intencionado por vandalismo", señalan los investigadores, quienes hacen referencia a la existencia de una vaguada oculta entre pinos unos 100 metros al norte del foco urbano en la que "se observan evidencias (botellas, hamacas, plásticos, papeles, etcétera) de un uso lúdico del lugar", información que refrendan los vecinos de la zona.

La Brigada ubica el origen del incendio urbano de Riotinto "fuera del jardín y al pie de la pista-calle", cerca de un punto "donde localizamos evidencias de reuniones lúdicas con consumo de alcohol, tabaco, posibles estupefacientes, con abandono de basuras y distintos enseres y lugar de paso de personas hacia la piscina municipal". Agroalimentaria del Sur incide aquí en que, al poco tiempo de comenzar el siniestro, operarios del Ayuntamiento de Riotinto "llevaron a cabo una obra de decapado efectuada con maquinaria pesada" al norte de la Casa Consejo para que el fuego no afectase a las viviendas, lo que "alteró completamente parte del área de inicio".

El incendio urbano se propagó hasta el jardín "completamente abandonado" del BIC hasta que prendieron las palmeras ubicadas en él, que se encontraban sin podar, al menos, desde 2009. Las pavesas ardientes de las palmeras provocaron el incendio forestal. "Impulsadas por el viento, prendieron en la vegetación a 140 metros del inicio del mismo", remarcan los agentes de la BIIF.

A la reclamación patrimonial se adjunta la fotografía realizada por Huelva Información el 4 de julio de 2017 (y que ilustra esta información), de la que se subraya que "nótese que la palmera más alta aparece abatida como consecuencia de los medios de extinción que acudieron a sofocar el incendio, ante la evidencia de que estaban emitiendo pavesas incendiarias". Estas, ligeras, altamente inflamables y con capacidad para volar cientos de metros ardiendo, acabaron por expandir las llamas hacia el oeste y afectando, entre otras fincas, a La Cerezuela.

Agroalimentaria del Sur está personada en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino, en el que por el momento no consta la imputación de "ninguna persona física o jurídica como responsable penal de lo sucedido".

El empresario reclamante remarca que la imputabilidad de las administraciones en este asunto "es más notoria por cuanto la actitud negligente de la UHU al no llevar a cabo, pese a las denuncias previas, las labores de mantenimiento y conservación del jardín de la Casa Consejo de su propiedad permitió que el incendio de las pavesas de las palmeras causara el incendio forestal".

Y esta desatención de la zona ajardinada del BIC "sigue acaeciendo en la actualidad, un año después, a pesar de las advertencias que esta parte ha manifestado sobre el riesgo existente de que se pueda originar un nuevo incendio". Por eso resalta que el cambio directivo en la Onubense meses antes del siniestro "no puede servir de excusa o justificación razonable, como tampoco el hecho de que el concreto punto de inicio del incendio se situase fuera del vallado de la Casa Consejo, pues siguen siendo terrenos de su titularidad".

Respecto al Consistorio riotinteño, subraya la empresa que las entidades locales deben responder de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes. El hecho de que el fuego lo provocaran unos vándalos a los que no se ha podido identificar no es óbice para eludir la responsabilidad, aclara, puesto que "de haberse mantenido en adecuado estado de conservación y poda, el incendio no se habría producido y, más singularmente, no se habría propagado con tanta virulencia", como atestigua la propia BIIF, que ostenta la condición de policía judicial y cuyas conclusiones "gozan de presunción de acierto y veracidad".

Los daños ambientales padecidos por la finca son "enormes". Aproximadamente el 70% del área quemada corresponde a una masa de pinar centenaria "que no rebrota". Entre el 30% y el 40% de la superficie arrasada "está muy afectada por erosiones y acidificación del suelo debido a antiguas extracciones mineras, por lo que se teme que, con la desaparición de la cubierta vegetal, este suelo se erosione aún más".

Entre los perjudicados también está la fauna. Desde ciervos a jabalíes o rapaces nocturnas, pasando por otras especies más delicadas como el vencejo cafre o la cigüeña negra, han visto destruido su hábitat.

La situación de "ruina ambiental" en que ha quedado La Cerezuela ha causado un "daño emergente", amén del menoscabo de los ingresos que se obtendrían en los decenios venideros en aprovechamientos cinegéticos o forestales o de otras oportunidades de negocio.

Como muestra un botón. La reclamante señala que la empresa Atalaya Mining manifestó su interés por comprar La Cerezuela en 2016 y se estaba negociando su venta, pero "a partir del incendio, y dado que ya no es posible la pretensión de actividad minera en la finca, estas negociaciones se han roto". La valoración de la parcela antes del siniestro era de 6,6 millones de euros.

Además, Agroalimentaria del Sur pretendía instalar aerogeneradores en los cerros, plantar olivos en ella y construir más casas rurales que se incorporarían a su complejo actual, que "ha perdido cualquier tipo de atractivo, ya que tras el incendio se encuentra rodeado de un paisaje totalmente calcinado".

Porque a día de hoy la finca sigue en "estado calamitoso". Más de un año después de ser arrasada por las llamas del incendio de Riotinto-Traslasierra-El Campillo, "aún no ha sido posible determinar con exactitud y precisión el alcance de los daños ocasionados". Por ahora se está en la fase de implementación del plan de restauración que desembocará en la evaluación definitiva de los perjuicios. Es por ello que la empresa afectada realiza una reclamación de cinco millones de euros a la UHU y el Ayuntamiento de Riotinto que es provisional y queda a expensas de la valoración final, lo que podría elevar la cifra de la indemnización solicitada.

Para la cuantificación preliminar del daño se ha tenido en cuenta la valoración de la madera quemada (111.480 euros), los gastos de restauración y limpieza (490.361 euros), la destrucción de 80 colmenas (5.600 euros), la inversión en mejoras actuales necesarias (55.827 euros), la pérdida de capa vegetal y fertilidad del terreno (1,6 millones de euros); o la merma de la actividad cinegética (714.307 euros), micológica (35.794 euros), apícola (45.548 euros) y de recogida de piña (56.959 euros). También se alude a los 111.480 euros que se obtienen del aprovechamiento maderero o a los 34.394 euros que la sociedad ha perdido en la producción de leña.