El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Clausura de las balsas de fosfoyesos en el término municipal de Huelva por parte de la empresa Fertiberia. Además, dicha resolución explica, entre otras cuestiones, la inviabilidad del resto de opciones planteadas para la regeneración de la zona.

Según recoge el BOE, consultado por Europa Press, este proyecto se somete a procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria dando cumplimento al auto de la Audiencia Nacional, el cual, además del cese definitivo de los vertidos a 31 de diciembre de 2010, dada también el mandado de recuperación de la zona. Actualmente, el área afectada está dividida en cinco zonas con una superficie total de 1.120 hectáreas, de las cuales, el proyecto presentado prevé actuar en las zonas 2, 3, 4 y 5, dado que la zona 1 se considera ya restaurada.

Además, dicha resolución explica la inviabilidad del resto de opciones planteadas para la regeneración de la zona. Son hasta seis alternativas, señalando que solo es viable la relativo al encapsulado.

En concreto, la alternativa 1 habla de excavación y traslado de yesos a vertederos de residuos no peligrosos, la cual se descarta porque implican el traslado de los yesos y se trasladan parte de los impactos a otras áreas no afectadas en la actualidad. La segunda aboga por la retirada de los yesos para su valoración pero no es viable por diversas incertidumbres como la tecnología a utilizar, así como falta un mercado para las alternativas de valorización, entre otras cosas.

La alternativa 3 aborda la retirada de los fosfoyesos por excavación y almacenamiento profundo en formaciones geológicas subterráneas, la cual tampoco es viable porque precisaría la extracción de una formación salina profunda, que posteriormente también habría que tratar y gestionar, además de riesgos de contaminación de acuíferos del entorno y de sismicidad inducida. La cuarta plantea la aplicación de tratamientos ex situ, pero se descarta porque supone el traslado de yesos, además de tener que contar con un lugar para su tratamiento.

La quinta alternativa versa sobre la aplicación de tratamientos in situ: vitrificación, estabilización, barreras reactivas, tratamientos biológicos, fitorremediación, pero tampoco es viable por las características de humedad, extensión, volumen y transmisividad de los yesos, y por comprometer la estabilidad de las balsas.

Así las cosas, la sexta alternativa, la relativa a la aplicación de técnicas de confinamiento/aislamiento de los yesos, es la seleccionada porque los yesos no tienen que ser retirados ni transportados; no hay impactos asociados a transporte ni traslado de impactos a otras localizaciones; menos plazo de aplicación y es una técnica probada en otras instalaciones de apilamientos de yesos en el mundo.

Las actuaciones proyectadas durante la fase de obras se agrupan en tres fases con una duración total estimada de diez años, con algunas actuaciones secuenciales, dadas sus distintas localizaciones y magnitudes, frente a otras que podrán simultanearse en el tiempo.

La fase de clausura abarcará todo el periodo que duren estas actividades, mientras que la fase de post-clausura tendrá una duración prevista de 30 años a partir del momento en que se hubiesen finalizado las labores de cobertura de las balsas y las infraestructuras finales de escorrentía de aguas pluviales.

De otro lado, se destaca que la capacidad portante del apoyo (la marisma) bajo el apilamiento de fosfoyesos, ha sido estudiada, analizada y zonificada, así como modelizado el comportamiento del apoyo y su interacción con la estructura para las diversas hipótesis de carga, "encontrándose en todos los casos, incluso ante un sismo extremo, dentro del margen de seguridad establecido por la normativa vigente, las guías de recomendaciones geotécnicas actuales, y las buenas prácticas de ingeniería".

En cuanto a la afectación de las propias actuaciones del proyecto sobre la estabilidad del sistema, el estudio aportado por el promotor asegura la estabilidad estructural de las capas de sellado propuestas, habiéndose obtenido factores de seguridad frente al deslizamiento muy superiores a los comúnmente aceptados.

En diversas alegaciones se ha puesto de manifiesto que no se ha estudiado suficientemente el riesgo de inundación por avenida fluvial, y por ascenso del nivel del mar debido al cambio climático, respecto al primero, la empresa asegura que consultado el Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables, y teniendo en cuenta "las cotasactuales del terreno, para un evento con periodo de retorno de 500 años, la cota de inundación no supera la cota de pie de talud de las balsas (cota 6)".

Además, resulta destacable que el objetivo de la implantación de la cubierta vegetal en los terrenos de las balsas es que la vegetación consolide los suelos frente a los procesos de erosión que pudieran originarse, retenga la humedad en el suelo y favorezca su posterior evapotranspiración, aportando una capa adicional para minimizar el drenaje hacia las capas inferiores.

La resolución recoge que las actuaciones del proyecto no tendrán afectación alguna sobre el paisaje dado que "no introduce elementos nuevos que puedan afectar de manera negativa al mismo, es más, el objeto de las mismas es llevar a cabo las actividades necesarias de clausura y restauración, con el fin de eliminar el impacto negativo que éste tiene actualmente sobre el paisaje del entorno".

Así, de acuerdo con el proyecto y con la finalidad de restaurar las zonas afectadas por los yesos, estas serán revegetadas generando espacios "compatibles con el entorno y con los requisitos establecidos por la normativa y las administraciones competentes".

Además, el estudio de impacto ambiental contiene un programa de vigilancia ambiental cuyo objetivo consiste en garantizar el cumplimiento de la totalidad de las medidas preventivas y correctoras descritas. En cada una de las fases de dicho programa: pre operacional, operacional, y post operacional, esta última con una duración prevista de 30 años, se realizará un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas y sus criterios de aplicación, emitiendo los correspondientes informes de vigilancia.