Armadores y auxiliares reclaman 300 millones de euros a Astilleros

La situación de los astilleros de Huelva y Sevilla es "crítica", con 300 millones de euros de déficit patrimonial y otros tantos reclamados por armadores y la industria auxiliar sevillana. Ese es el resumen de la situación que se dibujó en una reunión mantenida en la tarde del lunes entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Industria y la sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) para estudiar las "alternativas" de futuro para Astilleros ante la "dificultad" existente.

Según explicaron fuentes autorizadas a Europa Press, la Junta de Andalucía, con el apoyo de los sindicatos, Pymar, la industria auxiliar del sector en Sevilla, otras Administraciones e, incluso, de posibles nuevos inversores, han trabajado "intensamente" durante los últimos meses para diseñar una "alternativa de futuro" para Astilleros de Sevilla y Huelva, "intentando salvar el mayor volumen de la actividad industrial posible y obtener la menor repercusión en la destrucción de empleo". Todo ello tras comprobar los actuales administradores nombrados por la empresa que las condiciones patrimoniales, productivas y financieras reales de la industria distaban "notablemente" de las presentadas a priori por los antiguos gestores.

Así, los informes de los nuevos gestores señalan que mantener la actividad sólo para completar la construcción de los buques en curso (C845 y C846 en Huelva y el Viking Line y dos supplies en Sevilla), requiere un coste de unos 170 millones de euros, a financiar por administraciones y Pymar, entidades financieras, industria auxiliar y acreedores con importantes quitas y los propios armadores que, además de tener de desistir en la cancelación de los contratos, tendrían que asumir un importante sobrecoste de los buques.

Esta situación se sumaría al estado económico y financiero de la empresa, que presenta una situación patrimonial "crítica", teniendo un déficit patrimonial a efectos contables de 65,5 millones de euros en Sevilla y 61 millones de euros en Huelva, pero que a efectos reales son de más de 100 millones de euros en Sevilla y de más de 200 millones de euros en Huelva.

Además, en la reunión se explicó que en este escenario los armadores tienen cancelados los contratos por incumplimiento, exigiendo más de 200 millones de euros sólo en anticipos facilitados a las empresas, mientras que la industria auxiliar y proveedores reclaman más de 75 millones de euros impagados en Sevilla, y la plantilla se encuentra "sin posibilidad de cobrar sus nóminas", lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a arbitrar medidas excepcionales de carácter sociolaboral.

La reunión mantenida ayer se enmarca en los acuerdos adoptados con los sindicatos para estudiar un "rediseño" del Plan de Acción ante la situación "real" de las empresas navales. Este encuentro contó con la participación por parte de la Junta de los viceconsejeros de Economía, Innovación y Ciencia, Luis Nieto, y de Empleo, Justo Mañas; la secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, Isabel de Haro; la directora general de Industria, Energía y Minas, Eva Vázquez; el director general de Trabajo, Daniel Ribera; y el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde. Asimismo, asistieron el director general de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jesús Candil; el secretario técnico de la Gerencia del Sector Naval, José Luis Cerezo; y el director general de Pymar, Antonio Sánchez Jáuregui.

En dicha reunión se partió "siempre" de la base de que todas las partes, además de las Administraciones, tienen que asumir su "responsabilidad en el marco de un proyecto industrial que sea viable y que justifique la actuación de la Administración".

Así, el escenario que se plantea sólo pasa por dos alternativas: resolver el acuerdo suscrito al no ser posible continuar con la hoja de ruta prevista, además de haber incurrido en los supuestos previstos como condiciones resolutorias; o bien, modificar la hoja de ruta actual, de forma consensuada con los sindicatos y partiendo del "esfuerzo y asunción de costes y responsabilidad por parte de todos".

Por último, las mismas fuentes advirtieron de que en la reunión también se informó que se está estudiando el inicio, en defensa de los intereses de los afectados y los trabajadores, de las acciones legales que procedan, en la jurisdicción que corresponda, y en particular, contra los antiguos administradores de Astilleros de Huelva y Sevilla.