Huelva

Absuelven a dos gestores de cárcel de Huelva acusados de falsear contabilidad

  • El tribunal considera que no se ha podido demostrar que el dinero se destinara a fines ilícitos

Los hechos tuvieron lugar en la prisión provincial de Huelva. Los hechos tuvieron lugar en la prisión provincial de Huelva.

Los hechos tuvieron lugar en la prisión provincial de Huelva. / H. I. (Huelva)

La Sección Primera de la Audiencia de Huelva ha absuelto a dos empleados del área administrativa de la Prisión Provincial de Huelva que se enfrentaban a cuatro años y seis meses de prisión por falsear la contabilidad del centro entre los años 2007 y 2011. La sentencia considera que no se ha realizado una correcta tipificación de los hechos, calificándolos como un delito continuado de falsedad en documento público, ni tampoco se ha podido probar que su conducta haya producido perjuicio alguno.

Se considera probado que los dos acusados, como administrador del centro penitenciario de Huelva uno, y como encargado del área administrativa de la oficina de administración el otro, durante un periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2011 gestionaron y mantuvieron un sistema de contabilidad en el centro.

En el desarrollo de tal acción continuada por parte de ambos, de común acuerdo, manipularon los asientos de cierre contable de cada ejercicio; falsearon sistemáticamente la contabilidad haciendo constar como gastos correspondientes a pagos al Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios, lo que en realidad se trataba de pagos a proveedores, alcanzando la suma total reflejada en tales epígrafes incorrectos los 569.550'47 euros, de los que 423.704'95 euros correspondían a ventas de productos del economato del centro.

Entiende el tribunal que los hechos que se declaran probados, que quedan acreditados tanto por las declaraciones de los acusados y testigos en juicio, como por la abundante documental que obra en las actuaciones, representan en términos naturales una conducta reiterada en la que se estuvo falseando la realidad contable por parte de los acusados, pero considera que "la catalogación penal de tales hechos no resulta viable".

Precisa que, tras una instrucción desmesuradamente larga, de aproximadamente cinco años de duración, las acusaciones "no han podido acreditar que el dinero cuyo destino se reflejó falsamente en la contabilidad del centro haya sido aplicado a fines ilícitos o que los pagos a proveedores, que se reflejaron en la contabilidad como ingresos al Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios, no se hubieran efectuado". Hasta tal punto ello es así que el procedimiento no se sigue por malversación de caudales público.

Considera cierto que, como alegara el Abogado del Estado, se habría producido un perjuicio formal al Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios, que ha dejado de ingresar estas cantidades, y además que los pagos a proveedores que aducen los acusados no han sido fiscalizados y aprobados por la intervención general del Estado, si bien "ninguna de estas dos circunstancias llegan a causar un perjuicio material requerido por la falsedad para que alcance la categoría penal".

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