Pedro Sánchez va a ser investido presidente del Gobierno. Y lo hará con los votos de Junts y ERC, entre otros, tras haber cerrado un peliagudo acuerdo que incluye una ley de amnistía para todos los afectados por el procés. Una ley que al parecer se va a estirar hasta cubrir el perímetro de otros señalados políticos y fontaneros del entorno de Waterloo encartados en procesos que, a priori, no deberían verse beneficiados por la ley. Sobre el contenido exacto del texto legal aún no sabemos nada. Socialistas y junteros, con un ejército de abogados y expertos, están procurando sellar la propuesta y convertirla en inmune a actuaciones judiciales no deseadas por los independentistas y que sea inatacable para el TC. Quizás ese desiderato no pase de ser eso, un deseo difícil de materializar al máximo. Los jueces podrán buscar meandros para intervenir y tendrán cierta autonomía para vadear la ley en algunos de los casos que tramitan. Tras la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar a Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en el caso de Tsunami democràtic saltaron todas las alarmas en el despacho bruselense del fugado. El llamado Tsunami democràtic fue una plataforma articulada por políticos y colectivos ciudadanos para responder a la sentencia condenatoria del procés. Empezaron inundando Cataluña con banderas y terminando ocupando edificios públicos y privados, asaltando el aeropuerto o la AP7, entre otras acciones violentas. También queda por ver que el TC no anule por completo la ley o algunos artículos que, igualmente, afectarían a la esencia del acuerdo. Nada se ha dicho sobre qué le ocurriría a la legislatura si la justicia, por el camino que sea, inhabilita el blindaje de la ley para algunos de los protagonistas del procés que ahora se ponen a cubierto de españoles.

Puigdemont: de perro insensible a su único señor

Puigdemont, que había perdido la mano tras el acuerdo de ERC con el PSOE que ya certificaba la amnistía y otros beneficios económicos (reducción del endeudamiento de Cataluña en 15.000 millones o el traspaso de los trenes de cercanías) ha escenificado hasta el último minuto su imprescindibilidad. Y se supone que lo ha hecho “sin dejar atrás a ningún soldado”, como dijo Jordi Turull, el secretario general de Junts, y haciendo coincidir su apoyo con el 9 de noviembre, el mismo día en el que se consultó a los catalanes sobre la independencia aquel nefasto 2014. Se ha adornado Puigdemont en sus redes sociales con los versos del poema Indesinenter de Salvadior Espriu: “Dejar de ser aquel perro insensible que lamía la áspera mano que lo ató tanto tiempo, y convertirse en único señor”.

El acuerdo

El pacto que han sellado el PSOE y Junts está cosido con alambre de espino. Su redacción es una montaña rusa que refleja, a un tiempo, la necesidad de los votos, la sima abismal que separa a ambas formaciones, el ejercicio de contorsionismo que hace el PSOE para firmar el documento y, de paso, la voluntad declarada de avanzar hacia la normalización y el encaje de Junts en el sistema aunque se vista de resolución de problema histórico de España y Cataluña.

Ocurre que cuando se firma un acuerdo político tan lleno de cautelas, advertencias, matices, de diferencias explicitadas y de contradicciones insalvables entre dos visiones sobre un país, el resultado final es una carretera con tantas curvas que parece improbable no salirse en alguna de ellas y caer al vacío. Por ejemplo, como se indica casi en el preámbulo, esa decisión de “resolver el conflicto histórico sobre el futuro de Cataluña”, dicho en el contexto de miles de personas lideradas por políticos que arrasaron el Estado de derecho es una asociación de ideas falsa, porque no surge el pacto para buscar el encaje de aquella comunidad en España como la gran asignatura territorial pendiente del país en relación con todos los catalanes, sino como una solución para resolver problemas penales ocasionados por hechos concretos ilegales y juzgados y que afectan a una minoría de catalanes que se salieron del redil habilitado para resolver el llamado problema histórico.

En cambio, la asunción por parte de los firmantes de que los acuerdos se acometerán atendiendo a las demandas mayoritarias del Parlament lo coloca todo en un punto interesante: en menos de un año y como máximo en febrero de 2025 es posible que la mayoría actual quede pulverizada, como ocurrió en las últimas generales. Aunque Puigdemont ha logrado imponer en el documento la idea de que Cataluña es la que él cree o quiere que sea y no una realidad social y política plural y en franca desconexión de sus postulados esencialistas.

La guerra judicial

Uno de los elementos más polémicos del acuerdo es la percepción de que ambos partidos comparten la idea de que el poder judicial actúa políticamente. No es, desde luego, ni una novedad ni un escándalo formularlo en esos términos. Pero el error es haber inducido a creer que a través de comisiones de investigación en el Congreso podrían revisarse sentencias o actuaciones de la justicia: el legislativo fiscalizando al judicial, un disparate que le ha colado Junts a los socialistas. El propio PSOE tuvo que salir a rectificar y aclarar ese aspecto descartando tal posibilidad. Tampoco ofrece muchas esperanzas el último apartado del acuerdo respecto a la estabilidad de la legislatura, que queda al albur del cumplimiento de los acuerdos, que serán sancionados por un verificador impuesto por quien en realidad debería ser verificado y controlado tras haberse fugado de la justicia española. Cualquier tropezón inflamará la perdurabilidad del Gobierno. Y habrá muchos tropezones.

Lo más positivo es que Junts, con los dientes apretados y sin admitirlo explícitamente, entra el juego constitucional para la convocatoria de un posible referéndum de autodeterminación. En el acuerdo que firma admite que solo podría hacerlo a través del artículo 92 de la Constitución, que requiere la aprobación del Congreso y que en cualquier caso sería votado “por todos los ciudadanos”, no solo los catalanes, un principio que impide que se aprobara nada semejante aunque por primera vez mediría el estado de la cuestión en Cataluña.

un problema político, ni legal ni (que sepamos aún) constitucional

Para muchos ciudadanos la amnistía no es un problema legal (nada que apruebe el Congreso puede serlo) ni constitucional (eso lo dirá el TC). Es un problema político. Pero el ruido ensordecedor, que ocasiona el mismo efecto que las fakes news, ha logrado introducir la confusión. Hemos dicho reiteradamente que la amnistía no nos gusta por muchos y diferentes motivos, que comienzan con la razón verdadera de su cesión hasta su significado y consecuencias. Pero dicho eso, el Estado de derecho funciona así, también a favor de quienes, hasta ahora, no se han saltado ningún perímetro legal. Los márgenes políticos sí que han quedado destrozados desde que el PSOE se sentó a negociar con un fugado de la política. Pero el asunto queda pendiente de someterse al legítimo juego de mayorías parlamentarias y a su sometimiento a la justicia. En ese sentido es inobjetable.

El apocalipsis y la desmemoria

Es posible y legitimo rechazar la amnistía pero defender a la vez la legitimidad de los acuerdos y prestigiar el funcionamiento de las instituciones cuando no te dan la razón o cuando permiten que otros aprueben con todas las garantías legales programas y acuerdos políticos que rechazas. Lo contrario es el advenimiento de políticos como Ayuso: “El PSOE pretende colar una dictadura por la puerta de atrás (..) están tangando a Bruselas”. O como Abascal: “Se ha puesto en marcha el golpe definitivo contra la democracia. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado su amenaza a la unidad nacional con un acuerdo que implica la abolición del Estado de derecho”. O como Cuca Gamarra: “Aquí hay un fraude electoral porque las cesiones para conseguir ese número de escaños están basadas en algo que no se sometió a las urnas”. Tiene razón en la primera parte, incluso se añadiría que cuando se abrieron las urnas el votante socialista conocía el compromiso de Pedro Sánchez de no conceder la amnistía. El problema es la incoherencia y la hipérbole. Porque todos recordamos perfectamente cómo Aznar reflejaba en su programa electoral en 1996 que cedería ante Pujol el desarrollo de un nuevo sistema de financiación autonómica , la cesión del 30% del IRPF, la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos, la supresión de los gobernadores civiles, la policía autonómica catalana, el traspaso de las competencias de tráfico , el SEPE, el Instituto Social de la Marina a la Generalitat, la transferencia de la gestión de los puertos de interés general, la reforma de la ley del suelo, la supresión de la mili o la aplicación del Iva reducido del 7% en los peajes. Bagatelas rubricadas en una foto en la que figuraban sonrientes Aznar, Rajoy y Rato junto a los líderes de CiU, que tenían cara de haber exprimido al llamado Estado español. Y por supuesto que el líder del PP pactó para procurar el reencuentro de los catalanes con España, no porque necesitaba los 16 escaños de Pujol. Pero fue legal y legitimo.

La policía y la guardia civil, a escena

La exageración destemplada tiene consecuencias. Es una forma de alentar el miedo, crear confusión y desestabilizar a las instituciones. Si hay gente que realmente cree que tras el acuerdo hay una dictadura emboscada, actuarán en consecuencia.

La confusión comienza a extenderse allende las fronteras de la política. La Asociación pro Guardia Civil (Aprogc) ha expresado su rechazo al acuerdo y ha prometido “derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”. No se sabe qué significa lo que dicen aunque se intuye. No se sabe porque igual quien vela por el ordenamiento constitucional que es el TC un día le da luz verde a la ley aun nonata. Jucil, otra asociación de guardias, también ha denunciado “la felonía” de Pedro Sánchez. Interior y la fiscalía investigan ya a estos colectivos. Sumen a esto que durante las concentraciones frente a la sede de Ferraz había manifestantes que le decían a los agentes de la policía que eran “de los suyos” y ya tenemos un fresco de cómo retroceder 45 años en el tiempo para que haya gente que vuelva a entender que las fuerzas de orden público no son de todos, sino de una parte de los españoles. Suponemos que de esa parte que ellos consideran gente de orden. Un disparate peligroso y desalentador.

La calle

Vox está disfrutando con esta situación. Su existencia se debe en buena parte al procés. Así que todo esto es un regalo para sus decaídas expectativas y su visibilidad. El foco es suyo y lo hace como sabe, urdiendo manifestaciones que a veces son ilegales y otras directamente violentas, con neonazis sembrando el terror y el odio delante de la sede de un partido. No hay un solo partido que pueda decir que no ha incitado manifestaciones que perjudicaban al otro. Y no hay un solo partido que no se haya quejado amargamente cuando las ha sufrido. Encienden la calle pero no tienen herramientas para apagarla. Feijóo tardó mucho en desautorizar las dos primeras manifestaciones en Ferraz, aunque se haga el ofendido. Condenar los actos violentos debe ser un automatismo, no una respuesta política medida 48 horas después. La presidencia de destacados líderes del PP como Esperanza Aguirre en la concentración ilegal es más que suficiente para introducir la duda sobre quien convoca y/o se beneficia de esas acciones.

España no se rompe, pero se descose

El acuerdo firmado, que se puede cuestionar políticamente hasta el infinito, no prevé de momento un apocalipsis legal o institucional, a falta de conocer el texto de la ley de amnistía. Ya que se aprobará, ojalá tenga el efecto benefactor que predice el PSOE y no rompa nada. De entrada, ofrece muchas dudas. España no se va a romper. Nadie dijo que se rompiera cando Aznar pactó con Pujol y admitió que “España es una nación plural, en la que existen regiones, nacionalidad y países” o cuando llamó “movimiento vasco de liberación” a ETA sin que alguna asociación de guardias civiles ofreciera hasta la última gota de su sangre. Ahora tampoco se va a romper España, pero va a costar zurcir tanto descosido que afecta a la convivencia de los españoles.