El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió una y otra vez a que no habría referéndum el 1 de octubre, pero el Ministerio del Interior ni encontró las urnas compradas por la Generalitat ni logró interceptarlas antes de llegar a los centros. Ni pudo impedir que muchos colegios electorales abriesen. Por la tarde aún seguían las colas en algunos colegios. No hay censo, no ha funcionado el operativo para el escrutinio y todas las leyes en que se amparaba la consulta han sido declaradas ilegales, pero muchos de los que querían votar lo hicieron. A continuación se explican algunas de las causas que lo han permitido, a pesar de que Interior desplazó a Cataluña a unos 12.000 policías y guardias civiles.

La primera operación en contra de la organización fue asumida por la Fiscalía Superior de Cataluña. Su objetivo era frustrar toda la logística de la consulta, y para ello dictó ocho resoluciones. La Guardia Civil entró en varias consejerías donde se preparaba el 1-0, detuvo a varios cargos y se incautó de millones de papeletas. Una de las resoluciones del Ministerior Público ordenaba a las fuerzas de seguridad, comenzando por los Mossos, que los colegios señalados se precintasen el viernes y que, además, se estableciese un cordón de 100 metros alrededor de ellos. Esta acción, preventiva, hubiese sido bastante efectiva, pero no se llevó a cabo.

El miércoles pasado, la juez Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desplazó a la Fiscalía y asumió la instrucción en virtud del artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ella era quien tramitaba la querella contra Carles Puigdemont por desobediencia y prevaricación y, por tanto, asumía el control. Su auto cambió las órdenes de la Fiscalía. Aunque también resultaba muy taxativo, ordenaba intervenir únicamente las salas de los colegios que iban a usarse para colocar las urnas. Visto lo sucedido, pero también antes, esta distinción era un tanto absurda. La juez sí indicó un hecho de gran importancia, y es que todas las fuerzas de seguridad, Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional y locales, debían estar coordinadas para evitar el referéndum.

A ello, a este cambio en la instrucción, se añade el factor Josep Lluís Trapero. El mayor de los Mossos transmitió las órdenes de un modo muy particular: no se podía alterar el orden público, el mal causado, en su opinión, no podía ser más grave que lo que se pretendía evitar. En sus instrucciones les decía a sus agentes que no podían utilizar la fuerza ante la resistencia pasiva.

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Ello ya habría bastado para que en Interior saltasen todas las alarmas. Pudo ser así. De hecho, el sábado por la noche, desde el departamento de Juan Ignacio Zoido se advertía, en las redes, que los Mossos tenían que cumplir con el auto de la magistrada del TSJC. Hay que ser muy cándido para suponer que los mossos iban a entrar en los colegios a sacar a la gente.

Y es que el viernes quedó todo dicho. En cerca de dos centenares de colegios (163, según la Generalitat) grupos de padres organizados entraron en los colegios con sus hijos, se quedaron dentro y se prepararon para evitar el cierre durante todo el fin de semana. Ya el sábado estaba claro que no los iban a sacar. Los Mossos comunicaban que antes de las seis de la mañana del domingo debían marcharse, pero poco más. Hasta los aplaudían. En efecto, el domingo muy temprano, llegaron, vieron y se fueron.

Las urnas, las famosas cajas de plástico traslúcido, ya habían llegado a los centros. También muchas papeletas, pero la Guardia Civil les había desmontado el operativo de escrutinio el sábado por la tarde en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat. La operación contra el sistema informático del referéndum es el que ha funcionado. Ya el domingo, una hora antes de abrir los colegios, la Generalitat cambió el sistema por medio de un censo universal, pero también falló.

En Barcelona residía desde la semana previa a la consulta el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador de todas las fuerzas de seguridad destinadas a impedir el 1-O, Mossos incluidos. Su orden era que en caso de problemas, éstos tenían que comunicar a este centro de coordinación que no podían, o no querían, actuar. Cuando sus responsables lo hicieron, dieron un listado de 233 centros ocupados, pero evidentemente era muy tarde. Los interventores y organizadores llevaban dentro desde la madrugada. TV3 mostró las urnas colocadas antes de las ocho.

Y entonces actuó la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los agentes no fueron a todos los colegios, sino a sólo a algunos; por ejemplo, a los que iban a votar Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y Carme Forcadell, la presidenta de la Cámara. En San Juliá, en Gerona, donde el presidente debía votar, entraron con maza, pero Puigdemont se marchó a otro colegio. Las peores escenas se vieron en un colegio de la Barceloneta y en el instituto Puig Caris, donde varias mujeres volaron sacadas por la Policía. Hay ancianos heridos, bolazos de goma, una actuación que de poco iba a servir a esas horas, nada más que para dar munición a los independentistas.