Una veintena de letrados adscritos al servicio jurídico de la Junta de Andalucía han acudido este miércoles a los juzgados de Sevilla para mostrar su apoyo al jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo Antonio Lamela Cabrera, uno de los últimos 20 imputados por la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE fraudulentos.

Los abogados del servicio jurídico de la Junta han explicado a los periodistas que están convencidos de la "honorabilidad y absoluta legalidad" en la actuación de Antonio Lamela, por lo que han querido mostrar de esta forma su apoyo al letrado.

En su comparecencia ante la juez, Antonio Lamela se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, al igual que han hecho otros tantos imputados que han desfilado esta semana por el despacho de la juez Alaya. Al término de la comparecencia, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones ha solicitado ninguna medida cautelar para Antonio Lamela, aunque sí han reclamado para algunos intrusos fianzas de responsabilidad civil por el importe de las ayudas que recibieron más el tercio legal correspondiente.

Alaya imputó a Antonio Lamela Cabrera en relación con las ayudas concedidas el 17 de noviembre de 2011 por importe de 5.026.425,51 euros a Astilleros de Huelva, una subvención excepcional que fue pagada el 27 de diciembre de ese año y al margen de la orden de 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas sociolaborales.

La Intervención delegada en la Consejería de Empleo, según precisó  Alaya en un reciente auto, emitió un reparo por la ausencia de aplicación de esa orden y exigió que se le diera al expediente la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad. Ese informe, de fecha 15 de septiembre de 2011, fue elaborado por el jefe de la asesoría jurídica "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y siguiendo "indiciariamente las instrucciones políticas" de éste último, del que dependía jerárquicamente, sostuvo la instructora.

Alaya critica que el informe justifica la inaplicabilidad de la orden bajo el "peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarla los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros". Para la juez, el razonamiento era cuanto menos "paradójico", pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado "más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas la superación de una fase preliminar y que la misma se iniciara a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes". Para Alaya, se "omitió deliberadamente" el procedimiento aplicable por la Consejería y el entonces consejero Manuel Recio dictó una orden favorable en la que se declara expresamente que de la ayuda de 5.026.425,51 euros serán beneficiarios "los trabajadores incluidos en el colectivo A, B y D recogidos en los anexos de la presente resolución".

La juez también ha citado hoy a declarar al gerente de Samec, Marcos Guerra Escobar, y a Rodolfo Verginella Colombin, administrador de hecho y apoderado de esta empresa. Otros imputados que también están convocados hoy son el jefe de personal de Primayor, Luis Sobrino, el director de Recursos Humanos, Felipe Monforte Hernández, y al director general, Ramón Portal María.