La biblioteca pública Felipe González de Sevilla capital acogerá el jueves a las 18,00 horas una mesa de debate promovida por Ecologistas en Acción, sobre la nueva explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis; que según el colectivo implica un "vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir".

En concreto, la mesa de debate contará con Isidoro Albarreal, del área de Minería de Ecologistas en Acción; María Jesús Beltrán Muñoz, profesora titular de la Pablo de Olavide y doctorada Europeo en Ciencias Ambientales en la especialidad Economía Ecológica y Gestión Medioambiental; Juanjo Carmona, coordinador de la oficina para Doñana de WWF España, y Marta P. Velarde y Ramón Miranda, de los Comités de Cuenca Río Sonora, conformados por afectados del derrame de solución de cobre acidulada de una mina Grupo México en 2014.

Según los ecologistas, el dictamen favorable emitido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la nueva explotación de la mina de Aznalcóllar propone autorizar, durante la fase previa a la reactivación de la extracción de minerales en el yacimiento de Los Frailes, cerrado tras la catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del recinto, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A.; "el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados" de la corta del yacimiento y el vaciado parcial de la corta de Aznalcóllar, que "alberga gran cantidad de los lodos tóxicos" recogidos tras el desastre de 1998.

Precisamente por esto, el mencionado encuentro de debate en la biblioteca Felipe González se titula "los mismos errores 25 años después".

El vaciado inicial, según precisan los ecologistas, se realizaría durante 18 meses mediante una tubería de 30 kilómetros que conduciría el vertido desde una planta de tratamiento de aguas situada en el recinto minero "hasta el estuario del Guadalquivir a su paso por Sevilla", frente al estadio de la Cartuja, abarcando el vertido de 15 hectómetros cúbicos."CONTAMINAR TODO EL GUADALQUIVIR"

Ya para la fase operativa de extracción de minerales, según los ecologistas, el dictamen ambiental permitiría "un vertido tóxico continuo de cuatro hectómetros cúbicos durante 17 años". "En total, la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 hectómetros cúbicos en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana", alertan.

Así, mientras la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Aznalcóllar defienden que el proyecto cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, revitalizando así el desarrollo económico de la zona; Ecologistas en Acción advierte de que la Junta está primando "los intereses" de la empresa frente a los intereses de "los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud de sus consumidores".

Igualmente, la organización ha criticado además que la Junta promueva la reapertura de la mina, pese al juicio fijado por la Audiencia de Sevilla en 2025 para resolver si mediaron delitos de tráfico de influencias, prevaricación o fraude en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel.

EL JUICIO PREVISTO PARA 2025

Se trata, principalmente, de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

El juicio abarca presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos."Los principios de precaución y de seguridad jurídica aconsejarían la suspensión de los procedimientos de autorización hasta que se celebre ese juicio oral en 2025", consideran los ecologistas, toda vez que la Justicia ha desestimado hasta hora todas las reclamaciones judiciales de suspensión de los permisos y trámites promovidos para reactivar el controvertido yacimiento minero de Los Frailes.